Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.
«BOE» núm. 252, de 10 de octubre de 2026
Análisis:
- Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos
- DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE TERREMOTOS
- 1. Fundamentos y objeto de la Directriz Básica.
- 2. Directrices para la elaboración del contenido mínimo de los Planes de Protección Civil ante el Riesgo de Terremotos.
- Anexos:
- Anexo I. Definiciones.
- Anexo II. Mapa de peligrosidad sísmica para un período de retorno de 475 años.
- Anexo III-A. Municipios comprendidos en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional.
- Anexo III-B. Municipios comprendidos en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VIII según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional.
- Anexo IV. Modelo de ficha de primera evaluación de daños en edificaciones.
RESUMEN:
El Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de octubre de 2026, ha aprobado, a propuesta del Ministro del Interior, el Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.
El citado acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En su virtud, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, que se inserta como anexo a esta orden.
Madrid, 7 de octubre de 2026.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.
ANEXO
Comentarios de Ayuda para la interpretación de esta Norma Real Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.
CONCORDANCIAS
CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA
ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL
CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL
RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA
1. Concordancias normativas
La Orden INT/1069/2026 es un instrumento meramente publicador: su único contenido dispositivo consiste en ordenar la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, que es la norma con contenido sustantivo propio. Dicho Acuerdo se dicta en ejercicio de la habilitación del artículo 5 de la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023, de 20 de junio), que reserva al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, la aprobación de las Directrices Básicas de Planificación, concebidas en su artículo 3 como instrumentos para garantizar la homogeneidad y coherencia de la planificación cuando concurren planes de varias Administraciones Públicas. El Acuerdo trae causa, a su vez, del artículo 15.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que califica como planes especiales los que hacen frente, entre otros, al riesgo de terremotos, y se apoya en el contenido mínimo que para las directrices básicas fijan los artículos 4.2 y 7 de la Norma Básica. La afectación más relevante en términos de derogación es expresa y puntual: el apartado Cuarto del Acuerdo dispone el cese en la producción de efectos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995, por el que se aprobó la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, desde la publicación del nuevo Acuerdo. No consta en el texto ninguna otra derogación expresa de disposiciones de rango distinto, ni una cláusula derogatoria genérica más allá de la referida a la directriz de 1995; tampoco se identifican en el propio documento modificaciones de preceptos de la Ley 17/2015 o del Real Decreto 524/2023, que actúan como marco de cobertura sin resultar alterados por este Acuerdo. Como marco legal de referencia que los planes derivados deben relacionar, la directriz cita expresamente: la Ley 17/2015, de 9 de julio; la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales; el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio; el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, sobre estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (NCSE-02); el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (NCSP-07); el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) vigente; y la Orden PJC/1430/2024, de 16 de diciembre, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil (apartado 1.5). Esta relación se reitera, de forma algo más reducida, en el apartado 2.1.2 como marco legal mínimo que cada plan especial debe incorporar en su propio texto. Dado el carácter exclusivamente organizativo del Acuerdo —no introduce tipos sancionadores, ni modifica derechos u obligaciones de terceros ajenos a las Administraciones Públicas de forma directa— no cabe identificar en él disposiciones adicionales, transitorias o finales distintas de las que expresamente constan en sus apartados Primero a Quinto, consistentes en la aprobación de la directriz, la declaración de no incremento del gasto público, la habilitación al Ministro del Interior, el cese de efectos de la directriz de 1995 y la entrada en vigor.
2. Cinco conceptos clave de la norma
Directriz Básica de Planificación como instrumento de homogeneización interadministrativa. No es una norma de aplicación directa a particulares, sino el marco que fija los criterios mínimos que deben seguir el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales al redactar sus propios planes especiales (apartado 1.4). Su relevancia práctica para el profesional no reside en imponerle obligaciones inmediatas, sino en determinar el estándar de contenido que, una vez trasladado a cada plan especial concreto, sí será exigible y aplicable sobre el terreno. El profesional que participe en la redacción, auditoría o aplicación de un plan de protección civil debe, por tanto, verificar la correspondencia entre el plan concreto y el contenido mínimo de esta directriz, y no limitarse a la lectura aislada de la directriz como si generara derechos u obligaciones directamente ejecutables.
Áreas de peligrosidad sísmica y mapa de referencia del Instituto Geográfico Nacional. La obligación de planificar a nivel autonómico y local se activa por un criterio técnico objetivo —intensidad igual o superior a grado VI para los planes autonómicos y a grado VII para los locales, conforme al mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 475 años (apartado 1.4.1 y anexo II)—, cuya actualización queda habilitada administrativamente al titular del ministerio competente «cuando dichas actualizaciones tengan por objeto adecuar estos contenidos al progreso de la técnica» (apartado 1.4.2). El cambio relevante respecto del régimen anterior no puede afirmarse con precisión cuantitativa, porque el texto no incorpora una comparación expresa con los umbrales de la directriz de 1995; lo que sí es verificable es que el listado de municipios obligados a planificación local figura, de forma cerrada y nominal, en el anexo III-A, y su correlación con intensidades iguales o superiores a grado VIII en el anexo III-B, lo que el profesional debe consultar directamente para determinar la situación de un municipio concreto.
Escenarios de daños y zonificación operativa. La directriz exige construir, como mínimo, los escenarios de intensidad significativa más probable (periodo de retorno de 475 años) y de máxima intensidad esperable (periodo de retorno de 2.475 años), además del de mayor daño si no coincide con el anterior (apartado 2.2.1.5), y delimitar en cada emergencia las zonas de intervención, socorro, base y alerta. La aplicación práctica de este concepto exige al redactor del plan justificar documentalmente el método empleado para obtener cada escenario —incluida, en su caso, la aproximación empírica que la propia directriz habilita (multiplicar por 1,9 la aceleración del escenario de 475 años, o incrementar en un grado la intensidad)— y al responsable operativo, motivar la concreción de cada zona en el momento de la emergencia, por ser una decisión con incidencia directa en la legalidad de las restricciones de acceso que de ella se deriven.
Mando Operativo Integrado (MOPI) y emergencia de interés nacional. El MOPI es el órgano que, exclusivamente en emergencias declaradas de interés nacional, asegura la unidad de mando y la respuesta integral del Sistema Nacional de Protección Civil, bajo cuya dependencia operativa pasan automáticamente los Puestos de Mando Avanzados constituidos en la zona declarada (apartado 2.3.1.3.1). Su activación conlleva una alteración sustancial de la cadena de mando ordinaria de los planes autonómicos y locales, que quedan integrados —sin que ello suponga, inicialmente, cambio en su asignación orgánica— en la estructura estatal (apartado 2.3.2.5.3, último párrafo). El profesional que intervenga en la gestión de una emergencia sísmica declarada de interés nacional debe tener presente que, desde ese momento, las decisiones de mando se canalizan a través del MOPI y del Director Operativo de la Emergencia (titular de la UME), y no exclusivamente a través de la Dirección del Plan autonómico.
Adaptación de los planes de protección civil en el plazo de cuatro años. El apartado 2.8 impone, por remisión al artículo 4.2.k) de la Norma Básica de Protección Civil, la obligación de adaptar todos los planes de protección civil a la estructura y contenido de esta directriz en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor. Se trata del cambio de mayor proyección práctica inmediata para las Administraciones responsables, puesto que exige revisar, en ese plazo, tanto el contenido material de los planes vigentes (análisis de riesgo, escenarios, órganos, operatividad) como su adecuación a la nueva terminología y estructura de la directriz. El texto no identifica consecuencias expresas para el incumplimiento de este plazo, extremo que se desarrolla en el apartado 4 de este comentario.
3. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal
La entrada en vigor del Acuerdo del Consejo de Ministros —y, con él, de la Directriz Básica que aprueba— se produce, conforme a su apartado Quinto, «desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». La publicación tuvo lugar el 10 de octubre de 2026, en el BOE núm. 252, por lo que la entrada en vigor se sitúa el 11 de octubre de 2026. Se trata de una entrada en vigor única e inmediata, sin escalonamiento por artículos o materias, y sin periodo de carencia previo. El efecto temporal más relevante que el propio texto anuda a esa fecha es el cese de efectos de la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de 1995, que deja de surtir efectos desde esa misma publicación (apartado Cuarto del Acuerdo); por tanto, no existe un periodo de solapamiento entre ambas directrices básicas, sino una sustitución inmediata en la fecha de publicación. Distinto es el régimen de los planes especiales que las Administraciones Públicas hayan aprobado bajo el marco de 1995: estos planes no quedan automáticamente derogados por el cambio de directriz básica, puesto que la directriz no opera sobre los planes mismos sino sobre el marco al que deben adaptarse, y el apartado 2.8 concede expresamente un plazo de cuatro años para dicha adaptación. En consecuencia, durante ese plazo coexisten, previsiblemente, planes redactados conforme al criterio de 1995 con la nueva directriz básica ya vigente, sin que el texto resuelva de forma expresa si esos planes anteriores conservan plena validez operativa mientras no se adaptan, se consideran vigentes en lo que no contradiga la nueva directriz, o deben entenderse en un régimen de vigencia reforzada hasta su sustitución. Esta ausencia de disposición transitoria explícita constituye una incidencia documental que debe señalarse: no cabe afirmar con la seguridad que requeriría una disposición transitoria expresa cuál es el régimen aplicable a expedientes de planificación en curso al 11 de octubre de 2026, siendo razonable —pero no normativamente impuesto por el texto— entender que dichos procedimientos pueden concluirse conforme a los criterios ya aplicados, sin perjuicio de la necesidad de ulterior adaptación dentro del plazo de cuatro años. No se identifican en el texto previsiones sobre procedimientos sancionadores, autorizaciones o subvenciones en curso, por no ser estas materias objeto de esta directriz.
4. Criterios administrativos de interpretación
Primera cuestión: alcance de la expresión «todos los planes de protección civil» en el apartado 2.8. El precepto dispone que «todos los planes de protección civil se adaptarán a la estructura y contenido establecido en esta directriz básica», lo que literalmente podría leerse como referido a cualquier plan de protección civil, con independencia del riesgo que contemple. Sin embargo, la ubicación de esta previsión dentro de una directriz específica sobre riesgo de terremotos, y la remisión al artículo 4.2.k) de la Norma Básica de Protección Civil —que regula con carácter general el contenido de las directrices básicas y su proceso de adaptación—, permiten sostener la interpretación más prudente de que la obligación de adaptación en este apartado se circunscribe a los planes de protección civil frente al riesgo de terremotos (estatal, autonómicos y locales), sin que el texto acredite una extensión expresa a planes frente a otros riesgos, que se regirían, en su caso, por sus propias directrices básicas. Segunda cuestión: régimen de los planes elaborados conforme a la directriz de 1995 durante el plazo de adaptación. Como se ha señalado, el texto no resuelve expresamente si estos planes mantienen plena vigencia operativa hasta su adaptación. El criterio más defendible, a falta de disposición transitoria en contrario, es el de continuidad operativa de los planes existentes hasta su sustitución formal, puesto que lo contrario generaría un vacío de planificación no querido por la norma, cuya finalidad es precisamente garantizar la cobertura continuada del riesgo; se trata, no obstante, de una interpretación razonable y no de un mandato expreso de la directriz. Tercera cuestión: alcance de la habilitación para actualizar los anexos II y III. El apartado 1.4.2 habilita al titular del ministerio competente a actualizar el mapa de peligrosidad sísmica y las listas de municipios «cuando dichas actualizaciones tengan por objeto adecuar estos contenidos al progreso de la técnica y a la publicación de nuevos mapas y datos oficiales», sin precisar el instrumento formal (orden ministerial, resolución) ni la exigencia de publicación en el BOE. A falta de esa precisión, resulta prudente entender que cualquier actualización de los anexos que amplíe o reduzca el ámbito de municipios obligados a planificar debe, como mínimo, dotarse de la misma publicidad oficial que la propia directriz, por elementales razones de seguridad jurídica, aunque el texto no lo imponga de forma literal. No se ha identificado jurisprudencia del Tribunal Supremo que se pronuncie directamente sobre la interpretación de esta directriz, por ser una disposición de muy reciente aprobación; las referencias jurisprudenciales que puedan resultar de utilidad analógica para valorar el estándar de diligencia exigible en materia de alerta temprana y protección civil se tratan en el documento de casuística jurídica correspondiente a esta norma, y no se reproducen aquí por exceder del objeto de este comentario.
5. Guía práctica de aplicación profesional
El profesional —jurista, secretario municipal, técnico de protección civil o responsable de un servicio de emergencias— que deba aplicar esta directriz debe, en primer lugar, verificar si el municipio o comunidad autónoma en que opera figura en los anexos III-A o III-B, o si corresponde a una de las comunidades autónomas y provincias relacionadas en el apartado 1.4.1, puesto que de ello depende la existencia de obligación de planificación autonómica o local. En segundo lugar, debe contrastar el contenido del plan especial vigente —estatal, autonómico o local— con el esquema mínimo del apartado 1.6 y con el desarrollo del bloque 2, identificando específicamente si el plan incorpora los tres escenarios de daños exigidos (apartado 2.2.1.5), la zonificación operativa en sus cuatro categorías, los sistemas de alerta diferenciados de los sistemas de información (apartado 2.2.2.2), y las medidas de protección a bienes, animales, medio ambiente y patrimonio histórico-artístico (apartado 2.2.7). En tercer lugar, debe revisar si los centros, establecimientos o infraestructuras bajo su responsabilidad están obligados a disponer de plan de autoprotección y, en tal caso, si este incorpora medidas específicas frente al riesgo de terremoto, con especial atención a las construcciones de importancia especial conforme a la normativa sismorresistente (apartado 2.2.6.2.a). En cuarto lugar, debe documentar y conservar los estudios técnicos de peligrosidad y vulnerabilidad que sustenten los escenarios y la zonificación del plan, puesto que la directriz exige expresamente que «el plan especial recogerá los criterios utilizados para determinar el riesgo, incorporando y justificando su resultado y propuestas» (apartado 2.2.1.4). En quinto lugar, debe calendarizar internamente el plazo de cuatro años de adaptación desde el 11 de octubre de 2026, incorporando hitos intermedios de revisión que permitan acreditar diligencia en el proceso, y debe asimismo prever el procedimiento interno de actualización anual y de revisión periódica que exige el apartado 2.6.2.3. Por último, en los municipios de menos de 5.000 habitantes conviene explorar, con la diputación provincial correspondiente, la posibilidad de acogerse a un plan simplificado conforme a modelos aprobados por el Consejo Nacional de Protección Civil (apartado 2.1.1), dado que esta vía puede reducir significativamente la carga técnica y de recursos exigida para una planificación completa.
6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia
Riesgo de laguna transitoria durante el periodo de adaptación (interpretación probable, pero prudente). La ausencia de disposición transitoria expresa sobre la vigencia de los planes anteriores durante el plazo de cuatro años genera un margen de incertidumbre que, en caso de litigio derivado de una emergencia real ocurrida en ese periodo, podría ser objeto de discusión sobre si el plan aplicado satisfacía el estándar exigible. Recomendación: documentar, desde la entrada en vigor de la directriz, un cronograma interno de adaptación progresiva del plan vigente, de modo que pueda acreditarse diligencia aun antes de completar la adaptación formal. Riesgo de responsabilidad patrimonial por insuficiencia de la planificación (interpretación dudosa o de riesgo, por falta de pronunciamiento jurisprudencial específico sobre esta directriz). Aunque el texto no anuda expresamente consecuencias sancionadoras al incumplimiento de sus exigencias de contenido, la falta de adaptación de un plan, la ausencia de escenarios de daños debidamente justificados, o la indefinición de los sistemas de alerta, podrían ser invocados como indicio de funcionamiento anormal del servicio público de protección civil en un eventual procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, en los términos generales de la legislación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sin que ello se derive de un mandato sancionador propio de esta directriz. Recomendación: conservar documentación suficiente de los estudios técnicos, actualizaciones y simulacros realizados, por constituir el soporte probatorio esencial frente a cualquier alegación de pasividad administrativa. Riesgo de confusión competencial en la activación de capacidades estatales (interpretación segura en cuanto a la regla, pero con riesgo de aplicación errónea). La prohibición de asignar medios de la UME y de las Fuerzas Armadas a las capacidades ordinarias de los planes autonómicos y locales (apartado 2.4.2.4) es clara en su enunciado, pero exige que los catálogos de capacidades de dichos planes se redacten con el cuidado de no presuponer la disponibilidad de estos medios fuera del cauce de activación de la situación operativa 2 o de la declaración de interés nacional; un catálogo mal redactado podría generar expectativas operativas no exigibles en la práctica. Recomendación: revisar expresamente los catálogos de capacidades vigentes para depurar cualquier referencia a medios estatales extraordinarios que no se sustente en el procedimiento de movilización correspondiente (apartado 2.4.2.4.1). Riesgo de insuficiente trazabilidad en la actualización de los anexos técnicos (interpretación probable, pero prudente). Dada la falta de precisión del apartado 1.4.2 sobre el instrumento formal de actualización del mapa de peligrosidad y de los listados de municipios, se recomienda que cualquier Administración que aplique estos anexos verifique, antes de cada revisión periódica del plan, cuál es la versión oficialmente vigente del mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, dado que una actualización técnica podría no haber sido publicitada con la misma solemnidad que la directriz original.
MAS INFORMACION
1. Artículo de opinión: «¿Es posible un terremoto como el de Venezuela en España? Qué debemos aprender»
Autor: Jesús Contreras. Cinco Días, 1 de julio de 2026.
El artículo analiza la vulnerabilidad de España frente a los terremotos y advierte de la necesidad de actualizar la normativa de construcción sismorresistente. El autor destaca la importancia de reforzar las infraestructuras críticas, evaluar los edificios situados en zonas de riesgo y adoptar medidas preventivas que reduzcan las consecuencias de una emergencia sísmica. Plantea la prevención y la planificación como elementos fundamentales para proteger a la población frente a posibles catástrofes.
2. Entrada de blog: «Qué hacer en caso de terremoto: la guía del IGN»
Fuente: Malagaes, periódico digital de Málaga. 10 de septiembre de 2026.
La publicación recoge las principales recomendaciones de autoprotección ante terremotos difundidas por el Instituto Geográfico Nacional. Explica cómo prepararse antes de un movimiento sísmico, qué medidas adoptar durante las sacudidas y cómo actuar después para evitar nuevos riesgos. Destaca la importancia de los simulacros, la identificación de zonas seguras y la información preventiva de la población como herramientas esenciales para mejorar la respuesta ante emergencias sísmicas.
URL: https://www.malagaes.com/blog/page/2/?page-img9390327=9
El enlace corresponde a la página del blog donde figura la entrada, no a su URL individual.
3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 1123/2007, de 31 de octubre de 2007
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. ECLI: ES:TS:2007:6939.
La sentencia aborda la responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros por daños ocasionados por fenómenos naturales extraordinarios. Aunque el litigio se refiere a inundaciones, examina el régimen jurídico de cobertura de riesgos catastróficos, que incluye expresamente los terremotos y las erupciones volcánicas. Resulta de interés para estudiar los mecanismos de reparación de daños y protección económica de los afectados por catástrofes naturales, como complemento a las actuaciones de protección civil. URL: https://vlex.es/vid/34428030
TEXTO ORIGINAL
El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
