Planificar lo que dura años: la directriz volcánica acierta en el diagnóstico y se queda corta en los medios

Canarias tiene, desde octubre de 2026, una directriz de protección civil pensada para un riesgo que no se agota en una noche de lava incandescente, sino que puede prolongarse durante meses o años. Ese es, probablemente, el mayor acierto de la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026 y publicada mediante la Orden INT/1071/2026: reconocer, por fin, que una erupción no es un accidente puntual, sino un proceso. Y, sin embargo, ese mismo acierto conceptual convive con una decisión presupuestaria que lo contradice: la propia norma declara que no supondrá incremento de dotaciones, retribuciones ni gastos de personal.

La directriz parte de un dato que cualquier profesional de la gestión de emergencias canaria conoce de primera mano: las crisis volcánicas pueden extenderse durante semanas, meses o incluso años, combinando intervención inmediata y acciones de recuperación de forma simultánea. Frente a ese hecho, el texto hace algo que su predecesora de 1996 no contemplaba con la misma claridad: incorpora una fase de recuperación post-eruptiva diferenciada de la respuesta inmediata, orientada a gestionar los riesgos persistentes —emisiones difusas de gases, inestabilidad del terreno, anomalías térmicas— que pueden mantenerse activos mucho después de que los medios de comunicación hayan dejado de hablar del volcán. Es una novedad estructural, no cosmética, porque habilita jurídicamente algo que antes quedaba en una zona gris: la posibilidad de mantener zonas de acceso restringido y de vigilancia ambiental especial aun cuando la erupción haya finalizado oficialmente.

El segundo acierto, menos vistoso pero igualmente relevante, es la forma en que la directriz institucionaliza la incertidumbre científica. El riesgo volcánico, admite el propio texto, se caracteriza por la baja recurrencia de los fenómenos, la información geológica incompleta y la dificultad de modelizar de forma integrada todos los peligros asociados. En lugar de ignorar esa incertidumbre o de disfrazarla de certeza operativa, la directriz crea un Comité Científico-Técnico que integra al Instituto Geográfico Nacional, al CSIC, al IGME, al IEO y a AEMET, con la obligación de designar portavoces y de compartir datos entre organismos. Es un diseño sensato: separa quién vigila y pronostica de quién decide y ordena, sin que el silencio de la ciencia —porque a veces la ciencia, ante un volcán, solo puede ofrecer probabilidades— paralice la decisión política y operativa que corresponde a la Dirección del Plan.

Pero conviene no confundir un buen diagnóstico con una solución completa. La directriz impone a las Administraciones afectadas —en la práctica, solo la Comunidad Autónoma de Canarias, única que supera el umbral de riesgo fijado por la propia norma— la obligación de adaptar todos sus planes de protección civil en el plazo de cuatro años. Es una tarea exigente: zonificar el territorio con la triple variable de peligrosidad, vulnerabilidad y valor; definir mapas de riesgo por isla y por centro volcánico; articular planes de actuación local en los municipios prioritarios; desarrollar un semáforo volcánico conectado al sistema ES-Alert; y constituir, entre otros, un nuevo grupo de acción específico de monitorización de la calidad ambiental. Nada de eso se hace con buena voluntad y organigramas: exige cartógrafos, técnicos en vulcanología, personal de coordinación y presupuesto sostenido en el tiempo, precisamente porque la propia directriz ha explicado, con acierto, que las crisis volcánicas duran años y exigen sistemas de relevo del personal interviniente. Resulta cuando menos llamativo que, tras ese diagnóstico, el mismo Acuerdo que aprueba la directriz cierre la puerta a cualquier incremento de dotaciones.

Esa tensión no es solo retórica. La directriz no especifica qué ocurre si una Administración no logra adaptar su plan dentro del plazo de cuatro años, ni prevé un mecanismo de revisión del umbral científico que delimita su ámbito territorial obligatorio si, con el tiempo, el conocimiento geológico identificara otras zonas de riesgo comparable fuera de Canarias. Son silencios que un texto de esta ambición podría haberse permitido resolver, y que previsiblemente generarán dudas interpretativas en los próximos años, particularmente cuando los análisis de peligrosidad homologados conforme a esta directriz deban proyectarse sobre los instrumentos de ordenación del territorio y usos del suelo, con su propia lógica y sus propios plazos de revisión.

A los responsables de protección civil, a los técnicos municipales de las islas afectadas y a los titulares de actividades turísticas que ahora deberán informar a sus huéspedes sobre rutas de evacuación y zonas de exclusión, la directriz les ofrece, por fin, un marco jurídico adaptado a la naturaleza real del riesgo que gestionan. Les corresponde ahora exigir que ese marco venga acompañado de los medios que su propio diagnóstico reclama, porque una directriz bien pensada que se aplica sin recursos corre el riesgo de convertirse, dentro de cuatro años, en papel adaptado pero inoperante frente a la siguiente erupción.

Artículos recientes

Archivo de documentos

Último documento enviado a nuestros suscriptores con la información de actualidad de la quincena.

Suscríbete a nuestros envíos y recibe la información al día en materia de Normativa de Seguridad.