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	<title>Protección Civil Archives - Normativa Seguridad</title>
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	<title>Protección Civil Archives - Normativa Seguridad</title>
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		<title>Protección Civil ante riesgos volcánicos</title>
		<link>https://normativaseguridad.com/proteccion-civil-ante-riesgos-volcanicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-21147">«BOE» núm. 252, de 10 de octubre de 2026</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ANEXO: Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico</strong></li>



<li><strong>DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>1. Fundamentos y objeto de la directriz básica.</strong></li>



<li><strong>2. Directrices para la elaboración del contenido mínimo de los Planes de Protección Civil ante el riesgo volcánico.</strong></li>
</ul>
</li>



<li><strong>Anexos:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Anexo I. Definiciones y acrónimos.</li>



<li>Anexo II. Legislación.</li>



<li>Anexo III. Mapas de riesgo.</li>



<li>Anexo IV. Elementos básicos del modelo de transferencia de información estadística.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Consejo de Ministros, en su reunión de&nbsp;6 de octubre de&nbsp;2026, ha aprobado, a propuesta del Ministro del Interior, el Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El citado acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su virtud, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico, que se inserta como anexo a esta orden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Madrid, 7 de octubre de&nbsp;2026.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda para la interpretación de esta Norma</strong> <strong><em>Real Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong> <strong><u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>1. Concordancias normativas</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La directriz básica se inserta en un marco legal preexistente del que trae causa directa, sin que su texto formule derogaciones generales distintas de la que afecta a su inmediato antecedente. En el plano legal, su fundamento se encuentra en el artículo 15.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que califica como planes especiales los dirigidos a hacer frente, entre otros, al riesgo volcánico. En el plano reglamentario, el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, constituye su habilitación directa: el artículo 3 de su anexo define las directrices básicas de planificación como instrumento de homogeneización; el artículo 4.1 fija su contenido funcional (actuaciones básicas, contenido mínimo y criterios de elaboración de planes especiales); el artículo 5 determina su procedimiento de aprobación (Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil); y el artículo 4.2.k) es la base del plazo de adaptación de cuatro años que la propia directriz impone en su apartado 2.8.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La derogación expresa que sí contempla el Acuerdo es la del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de enero de 1996, por el que se aprobó la anterior Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo volcánico (apartado Cuarto), que deja de producir efectos desde la publicación del nuevo Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». El texto no permite, por no haberse consultado el contenido íntegro de aquella directriz de 1996, establecer con precisión qué concretos elementos de contenido cambian respecto del régimen de 1996 más allá de lo que la propia directriz de 2026 declara como novedad (en particular, la fase de recuperación post-eruptiva y el tratamiento específico de erupciones submarinas y de interacción lava-mar); afirmar una comparación artículo por artículo con el texto de 1996 excedería lo acreditado en las fuentes disponibles.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Por remisión, la directriz se articula también con el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) vigente, al que se integra como anexo y cuyas situaciones operativas activan automáticamente el Plan Especial Estatal (apartado 2.4.1); con el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, en cuanto atribuye al Instituto Geográfico Nacional la vigilancia y comunicación de la actividad volcánica; y con el Estatuto de AEMET, aprobado por Real Decreto 299/2026, de 8 de abril, en lo relativo al apoyo meteorológico oficial a la gestión de la emergencia. La directriz remite igualmente, sin incorporarla, a la Directriz Básica de Planificación de Autoprotección, para las obligaciones de los titulares de actividades situadas en zonas de riesgo volcánico (apartado 2.2.6).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>2. Cinco conceptos clave de la norma</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ámbito territorial obligatorio circunscrito a Canarias.</strong> La directriz adopta como criterio de referencia una probabilidad de erupción igual o superior al 5 % en cincuenta años (recurrencia de 975 años), umbral que solo supera el archipiélago canario (77,69 %, recurrencia de 33 años), frente al 1,09 % de La Garrotxa (apartado 1.4). Su relevancia práctica es máxima: determina qué Administraciones están legalmente obligadas a planificar y cuáles pueden hacerlo solo voluntariamente, condicionando la exigibilidad misma de las obligaciones que después detalla la directriz.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Análisis del riesgo mediante la fórmula Riesgo = Peligrosidad × Vulnerabilidad × Valor.</strong> Este concepto (apartado 2.2.1.1) estructura todo el contenido técnico de los planes especiales: la zonificación, los mapas de riesgo y los escenarios de emergencia se construyen a partir de esta triple variable, georreferenciada y tratable mediante sistemas de información geográfica. Su aplicación práctica exige disponer de cartografía de peligrosidad, de vulnerabilidad y de valor económico de reposición, cuya elaboración y actualización tras cada crisis volcánica constituye una obligación continuada de los órganos competentes.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La fase de recuperación post-eruptiva como etapa diferenciada.</strong> Introducida en el apartado 2.4.2.1.3, constituye el cambio de mayor calado estructural respecto del esquema clásico preemergencia-emergencia-normalización, al reconocer que los peligros volcánicos indirectos pueden persistir años después del cese de la erupción, exigiendo un marco operativo propio de desescalada progresiva y de gestión de retornos poblacionales.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>El Comité Científico-Técnico como órgano de asesoramiento institucionalizado.</strong> Previsto tanto a nivel estatal (apartado 2.3.1.2) como autonómico (apartado 2.3.2.3), integra a los organismos de investigación e vigilancia (IGN, CSIC, IGME, IEO, AEMET) bajo una portavocía designada por la Dirección del Plan, siendo su función propia la de trasladar a la decisión operativa la evaluación del riesgo y el pronóstico de la evolución, sin asumir la decisión misma.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>El semáforo volcánico y los sistemas diferenciados de información y alerta.</strong> El apartado 2.2.4 exige que los planes desarrollen un sistema de codificación cromática de los niveles de riesgo, integrado con la Red de Alerta Nacional y el sistema ES-Alert, y el apartado 2.2.2.3 exige distinguir con precisión los sistemas de información (detección y comunicación de precursores, a cargo del IGN) de los sistemas de alerta a la población propiamente dichos, de competencia de la autoridad de protección civil.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>3. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El Acuerdo del Consejo de Ministros, en su apartado Quinto, dispone que «este acuerdo producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». Al haberse publicado la Orden INT/1071/2026 —y con ella el Acuerdo y la directriz anexa— en el «BOE» núm. 252, de 10 de octubre de 2026, la producción de efectos se sitúa el 11 de octubre de 2026, fecha que debe tomarse como referencia para el cómputo de los plazos que la propia directriz establece.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El régimen transitorio expreso que contiene la directriz es único y se limita al plazo de adaptación del apartado 2.8: todos los planes de protección civil deberán adaptarse a la estructura y contenido mínimo fijados por la directriz en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, es decir, como máximo, hasta el 11 de octubre de 2030. No se establece un régimen transitorio diferenciado para los expedientes o procedimientos de aprobación de planes que estuvieran en tramitación en el momento de la entrada en vigor, ni para los planes de autoprotección ya aprobados por titulares de actividades en zonas de riesgo volcánico; sobre estos extremos, el texto no permite extraer una regla expresa, por lo que cualquier afirmación categórica excedería lo acreditado.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto a las situaciones jurídicas consolidadas, el cese de efectos del Acuerdo de 1996 (apartado Cuarto) es inmediato y no condicionado, lo que exige comprobar si los planes especiales vigentes aprobados bajo aquella directriz anterior siguen siendo formalmente válidos en tanto no se adapten, extremo que la directriz no aclara de forma expresa más allá de imponer la obligación de adaptación en plazo. El criterio prudente para el profesional es considerar que los planes aprobados conforme a la directriz de 1996 mantienen su vigencia operativa transitoria hasta su adaptación o hasta el vencimiento del plazo de cuatro años, sin que ello pueda presentarse como una regla expresamente formulada en el texto examinado.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>4. Criterios administrativos de interpretación</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Alcance de la obligatoriedad territorial.</strong> El apartado 1.4 fija un umbral científico-técnico (5 % en 50 años) y no una lista cerrada de territorios, lo que plantea la cuestión interpretativa de qué ocurre si la evolución del conocimiento geológico eleva la probabilidad estimada para otra comunidad autónoma por encima de ese umbral. El texto no prevé un procedimiento de revisión automática del ámbito obligatorio ante ese supuesto, por lo que la interpretación más prudente es entender que cualquier extensión de la obligatoriedad exigiría una modificación expresa de la directriz, sin que pueda inferirse una extensión automática por la sola variación del dato científico.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Relación entre el Plan Especial Estatal y el PLEGEM.</strong> El apartado 2.4.1 establece que el Plan Especial Estatal, al estar integrado como anexo del PLEGEM, se activa automáticamente cuando este declara alguna de sus situaciones operativas. Esta previsión debe interpretarse en conexión con la reciente sentencia del Tribunal Supremo 296/2022, de 9 de marzo (ECLI:ES:TS:2022:1018), que validó íntegramente el PLEGEM frente a la impugnación competencial de la Generalitat de Catalunya y fijó el criterio de que la competencia estatal sobre emergencias viene determinada por la concurrencia efectiva de un interés nacional (alcance, dimensión de la emergencia o necesidad de un modelo mínimo de respuesta), y no por una enumeración cerrada de supuestos. Aplicado al riesgo volcánico, este criterio avala que la activación automática del plan estatal no constituye, por sí sola, una invasión de las competencias autonómicas de Canarias, en la medida en que responda a la dimensión real de la crisis.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Carácter de las remisiones a «guías técnicas» del Ministerio del Interior.</strong> La directriz remite en varios pasajes (por ejemplo, apartado 2.2.1) a guías técnicas aprobadas por el Ministerio del Interior para el desarrollo del análisis de riesgo. No consta en el texto examinado que estas guías técnicas tengan naturaleza reglamentaria ni rango normativo propio, por lo que deben entenderse como instrumentos de apoyo técnico que concretan, sin poder contradecir, el contenido mínimo fijado en la propia directriz.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Obligaciones de titulares de actividades frente a facultades de exigencia administrativa.</strong> El apartado 2.2.6 distingue entre la obligación general de informar preventivamente que recae sobre los titulares de actividades que puedan originar una emergencia y la facultad —no obligación automática— de las Administraciones competentes de exigir planes de autoprotección a actividades no incluidas en el anexo I de la Directriz Básica de Planificación de Autoprotección. El criterio más prudente es no asumir que toda actividad situada en zona de riesgo volcánico queda automáticamente obligada a disponer de plan de autoprotección específico, salvo que la Administración competente así lo exija motivadamente por razón de su especial riesgo o vulnerabilidad.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>5. Guía práctica de aplicación profesional</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El profesional de protección civil o la Administración afectada por esta directriz debe, en primer lugar, verificar si su ámbito territorial de actuación queda comprendido en la obligatoriedad fijada por el apartado 1.4 —en la práctica, solo la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales integradas en ella—, puesto que de ello depende el carácter imperativo o meramente orientativo de todo lo demás.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En segundo lugar, debe revisar el plan especial o local vigente frente al contenido mínimo del apartado 1.6, comprobando específicamente: (i) si incorpora un análisis de riesgo basado en la triple variable peligrosidad-vulnerabilidad-valor y mapas de riesgo actualizados; (ii) si diferencia expresamente los sistemas de información de los sistemas de alerta y contempla el semáforo volcánico, la Red de Alerta Nacional y el sistema ES-Alert; (iii) si define las zonas de emergencia, impacto indirecto y seguridad-logística-albergue a largo plazo, y las zonas de intervención, socorro, base y alerta operativas; (iv) si contempla expresamente la fase de recuperación post-eruptiva y los mecanismos de desescalada; y (v) si recoge los siete grupos de acción tipo, en particular el grupo de monitorización de la calidad ambiental, de incorporación específica en esta directriz.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En tercer lugar, debe programar la adaptación del plan dentro del plazo de cuatro años desde el 11 de octubre de 2026, documentando el cumplimiento de ese plazo mediante los instrumentos de actualización anual y revisión quinquenal previstos en el apartado 2.6.2.3, y dejando constancia expresa, en la memoria anual de protección civil, de las acciones de implantación, formación, ejercicios y simulacros exigidas en el apartado 2.5.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuarto lugar, los titulares de actividades y, en particular, los establecimientos turísticos situados en zonas de riesgo volcánico, deben revisar su plan de autoprotección a la luz del apartado 2.2.6, incorporando la información preventiva a huéspedes sobre riesgo, autoprotección, rutas de evacuación y señalización oficial, y verificar si la Administración competente les ha requerido, motivadamente, la elaboración de un plan específico por razón de especial riesgo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Finalmente, los órganos jurídicos y técnicos que intervengan en procedimientos de ordenación del territorio o de usos del suelo en las islas afectadas deben incorporar a sus informes, cuando existan, los análisis de peligrosidad y riesgo volcánico homologados conforme a esta directriz (apartado 2.2.1), motivando expresamente su consideración, dado que la propia norma impone esa consideración como exigencia para los órganos competentes en planificación territorial.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Riesgo de planificación formal sin dotación de medios (interpretación probable, pero prudente).</strong> La cláusula de no incremento del gasto público del apartado Segundo del Acuerdo, combinada con la obligación de adaptación en cuatro años del apartado 2.8, genera el riesgo de que las Administraciones afectadas aprueben planes formalmente ajustados a la directriz sin que ello venga acompañado de recursos materiales o humanos adicionales, lo que puede comprometer su operatividad real. Se recomienda documentar expresamente, en la fase de implantación, las necesidades de medios detectadas y las carencias no cubiertas, como elemento de prudencia frente a una eventual revisión posterior de responsabilidades.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Indeterminación de la consecuencia jurídica del incumplimiento del plazo de adaptación (interpretación dudosa o de riesgo).</strong> El texto no prevé expresamente qué ocurre si un plan no se adapta dentro del plazo de cuatro años, ni si ello afecta a su validez. No cabe presumir la nulidad automática del plan no adaptado, pero tampoco cabe afirmar con seguridad que carezca de toda consecuencia; se recomienda que las Administraciones afectadas inicien el proceso de adaptación con antelación suficiente al vencimiento del plazo, dejando constancia documental del estado de tramitación.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Posible conflicto competencial latente en la declaración de emergencia de interés nacional (interpretación segura, con apoyo jurisprudencial).</strong> Aunque la sentencia del Tribunal Supremo 296/2022 valida el modelo general de activación automática del plan estatal integrado en el PLEGEM, se recomienda que la Dirección del Plan autonómico documente expresamente, en cada activación de la situación operativa 2, los datos objetivos (alcance, dimensión, necesidad de medios extraordinarios) que justificarían, en su caso, la ulterior declaración de interés nacional, a fin de evitar cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la escalada competencial.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ausencia de procedimiento expreso para la revisión del ámbito territorial obligatorio (interpretación dudosa o de riesgo).</strong> Dado que el umbral del 5 % en 50 años es un dato científico sujeto a revisión con el avance del conocimiento geológico, se recomienda a las comunidades autónomas con volcanismo reciente no circunscrito a Canarias realizar un seguimiento periódico de los estudios de peligrosidad disponibles, sin asumir automáticamente que una eventual superación futura del umbral les genere obligaciones antes de una modificación expresa de la directriz.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Necesidad de motivación reforzada en la exigencia de planes de autoprotección a actividades no catalogadas (interpretación probable, pero prudente).</strong> La facultad del apartado 2.2.6 de exigir plan de autoprotección a actividades no incluidas en el anexo I de la Directriz Básica de Planificación de Autoprotección debe ejercerse motivando expresamente el especial riesgo o vulnerabilidad frente al riesgo volcánico, para evitar que la exigencia se considere una carga desproporcionada o insuficientemente justificada frente al titular de la actividad.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1. Artículo de opinión: «La nueva normativa volcánica obliga a La Palma a definir las zonas de riesgo y revisar sus planes de emergencia»</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Autor: José F. Arozena. elDiario.es, 12 de octubre de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo analiza las consecuencias de la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada mediante la Orden INT/1071/2026. Se centra en la necesidad de actualizar los mapas de peligrosidad, identificar las zonas de mayor riesgo y adaptar los planes de emergencia, prestando especial atención a la protección de las infraestructuras esenciales y a las responsabilidades de las administraciones públicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/lapalmaopina/nueva-normativa-volcanica-obliga-palma-definir-zonas-riesgo-revisar-planes-emergencia_129_13580511.html?utm_source=chatgpt.com">https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/lapalmaopina/nueva-normativa-volcanica-obliga-palma-definir-zonas-riesgo-revisar-planes-emergencia_129_13580511.html</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Entrada de blog: «Niveles de alerta y gestión del riesgo volcánico en Canarias»</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Fuente: Descubre los Volcanes (Volkiblog). Autoras: Claudia Prieto-Torrell y Adelina Geyer.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta publicación divulgativa explica los sistemas de alerta volcánica y los mecanismos de gestión del riesgo en Canarias. Aborda la importancia de la vigilancia científica, la comunicación de las alertas y las medidas de protección de la población ante posibles erupciones. Constituye un recurso útil para comprender cómo se relacionan los niveles de alerta con las actuaciones de protección civil y la preparación ante emergencias volcánicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://descubrelosvolcanes.es/volkiblog/niveles-de-alerta-y-gestion-del-riesgo-volcanico-en-canarias/index.html?utm_source=chatgpt.com">https://descubrelosvolcanes.es/volkiblog/niveles-de-alerta-y-gestion-del-riesgo-volcanico-en-canarias/index.html</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 296/2022, de 9 de marzo de 2022</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. ECLI: ES:TS:2022:1018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia examina el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección civil, a raíz de la impugnación del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Analiza las facultades estatales de coordinación, la planificación preventiva y la intervención de las distintas administraciones ante situaciones de emergencia. Aunque no se refiere específicamente a una erupción volcánica, resulta relevante para interpretar el marco jurídico de actuación ante estos riesgos y las responsabilidades de las administraciones implicadas. </p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://vlex.es/vid/899373526?utm_source=chatgpt.com">https://vlex.es/vid/899373526</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/seguridad-publica-y-seguridad-vial/" target="_blank" rel=" noopener"><img decoding="async" width="339" height="56" src="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png" alt="" class="wp-image-20975" srcset="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png 339w, https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3-300x50.png 300w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px" /></a></figure>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protección Civil. Accidentes de sustancias peligrosas</title>
		<link>https://normativaseguridad.com/proteccion-civil-accidentes-de-sustancias-peligrosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativaseguridad.com/?p=21441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orden INT/1070/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Orden INT/1070/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-21146">«BOE» núm. 252, de 10 de octubre de 2026</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ANEXO: Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas</strong></li>



<li><strong>DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>1. Fundamentos y objeto de la directriz básica.</strong></li>



<li><strong>2. Conceptos de riesgo, daño y vulnerabilidad.</strong></li>



<li><strong>3. Aspectos destacados del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.</strong></li>



<li><strong>4. Planificación de emergencias: Directrices para la elaboración del contenido mínimo de los Planes Especiales de Protección Civil.</strong></li>
</ul>
</li>



<li><strong>Anexos:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Anexo I. Definiciones.</li>



<li>Anexo II. Autoprotección.</li>



<li>Anexo III. Informe de seguridad.</li>



<li>Anexo IV. Contenido de la información básica.</li>



<li>Anexo V. Inspecciones.</li>



<li>Anexo VI. Contenido de la información para los PEE.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong><strong></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Consejo de Ministros, en su reunión de&nbsp;6 de octubre de&nbsp;2026, ha aprobado, a propuesta del Ministro del Interior, el Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El citado acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su virtud, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, que se inserta como anexo a esta orden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Madrid, 7 de octubre de&nbsp;2026.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><a><strong>Comentario</strong></a> <strong></strong><strong>La nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante accidentes graves con sustancias peligrosas: zonificación, organización y coordinación interadministrativa</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Resumen.</strong> El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, publicado por la Orden INT/1070/2026, de 7 de octubre, aprueba la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, sustituyendo como instrumento de planificación específico al Real Decreto 1196/2003. El comentario analiza su engarce con la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023) y con el régimen Seveso III (Real Decreto 840/2015), la metodología de zonificación del riesgo, la arquitectura organizativa del Plan Estatal y de los planes de emergencia exterior, los mecanismos de información y protección a la población, y el régimen de adaptación temporal de los planes preexistentes, concluyendo que se trata de una actualización técnica de notable densidad operativa cuya eficacia dependerá de la capacidad de las comunidades autónomas para completar la adaptación en el plazo de cuatro años previsto.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>1. Marco normativo y naturaleza jurídica de la Directriz Básica</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Directriz Básica se aprueba mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, previo informe favorable y unánime del Consejo Nacional de Protección Civil de 29 de julio de 2026, y se publica por Orden INT/1070/2026 en el BOE núm. 252, de 10 de octubre de 2026. Esta forma de aprobación no es casual: el artículo 5 del Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, reserva precisamente al Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, la aprobación de las Directrices Básicas de Planificación, calificándolas como los instrumentos para garantizar la homogeneidad y coherencia de la planificación de riesgos en los que concurran planes de varias administraciones públicas. El artículo 4.1 de la misma Norma Básica precisa que estas Directrices identifican las actuaciones básicas para la gestión integral de los riesgos y fijan el contenido mínimo y los criterios de elaboración de los planes especiales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La nueva Directriz sustituye, en su función de instrumento de planificación específico para este riesgo, al Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. Esta derogación material merece una precisión doctrinal: el Real Decreto 1196/2003 ya había sido derogado formalmente por el Real Decreto 524/2023, pero este mantuvo su aplicación transitoria hasta la aprobación del nuevo instrumento que lo sustituyera. El apartado cuarto del Acuerdo ahora aprobado cierra ese paréntesis transitorio, disponiendo el cese de efectos del Real Decreto 1196/2003 desde que resulte aplicable el nuevo Acuerdo. Se trata, por tanto, de la culminación de un proceso de sustitución normativa iniciado en 2023, y no de una innovación aislada; una lectura que omitiera esta genealogía normativa incurriría en el error de presentar la Directriz como regulación ex novo cuando en realidad actualiza, dentro del marco competencial ya fijado en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, un instrumento de planificación preexistente.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>2. Relación con el régimen Seveso III: autoprotección, informe de seguridad e inspecciones</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El ámbito de aplicación de la Directriz se define por remisión al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, que transpone la Directiva 2012/18/UE (Seveso III) y regula los establecimientos de nivel inferior y superior en los que se fabriquen, almacenen o manipulen sustancias peligrosas en determinadas cantidades. Esta remisión tiene una consecuencia doctrinal relevante: la Directriz no es una norma autosuficiente, sino que opera sobre el sustrato de obligaciones que el Real Decreto 840/2015 impone al industrial —política de prevención de accidentes graves, sistema de gestión de la seguridad e informe de seguridad conforme a su artículo 10 para los establecimientos de nivel superior—, y que el apartado 3 de la Directriz se limita a reseñar y a conectar con la planificación de emergencia exterior. El Anexo II (autoprotección) y el Anexo III (informe de seguridad) desarrollan este engarce, sin alterar el contenido sustantivo de las obligaciones ya fijadas por el Real Decreto 840/2015.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Especial atención merece el régimen de inspecciones del artículo 21 del propio Real Decreto 840/2015, que atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas un sistema de inspecciones y medidas de control, orientado por la Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La Directriz, al desarrollar este aspecto en su Anexo V, no crea una nueva potestad inspectora, sino que ordena su ejercicio dentro de la planificación de emergencias; la distinción entre la potestad de control administrativo ordinario —de naturaleza preventiva y continuada— y la planificación de emergencia exterior —de naturaleza reactiva ante el siniestro— debe mantenerse con nitidez para evitar equívocos en la práctica profesional, dado que ambas se refieren al mismo establecimiento pero obedecen a lógicas jurídicas distintas.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>3. La metodología de zonificación del riesgo: intervención, alerta y efecto dominó</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El núcleo técnico-jurídico más característico de la Directriz es su metodología de zonificación, que traduce variables físico-químicas en consecuencias jurídicas de protección. La norma distingue la zona de intervención, en la que las consecuencias justifican la aplicación inmediata de medidas de protección, de la zona de alerta, en la que los efectos son perceptibles pero no justifican la intervención urgente salvo para grupos críticos de población. Esta distinción no es meramente descriptiva: condiciona la ubicación de infraestructuras operativas —el Puesto de Mando Avanzado y los centros de asistencia pueden situarse en zona de alerta pero no, en principio, el centro de atención a los ciudadanos— y determina qué medidas de protección resultan jurídicamente exigibles frente a qué colectivos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Los valores umbral fijados en el apartado 2.3.3 —impulso y sobrepresión de la onda de presión, dosis de radiación térmica, y concentraciones conforme a los índices AEGL, ERPG y TEEL, aplicados en ese orden de prelación— constituyen la base objetiva que da seguridad jurídica a la delimitación de zonas, evitando que la autoridad competente deba fijar criterios ad hoc en cada expediente. La previsión adicional de valores umbral específicos para el efecto dominó (apartado 2.3.3.3) resulta particularmente relevante en entornos industriales densos, donde la materialización de un accidente puede propagarse a instalaciones próximas no pertenecientes al mismo titular; la norma permite, no obstante, la utilización de otros valores umbral siempre que se apoyen en referencias técnicas avaladas y se justifiquen las circunstancias concretas, lo que introduce un margen de apreciación técnica que la autoridad competente deberá motivar adecuadamente en cada informe de seguridad.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>4. Arquitectura de la planificación: integración entre el Plan Estatal, los PEE y los planes locales</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Directriz consolida un sistema de planificación en cascada que refleja el principio de integración propio del Sistema Nacional de Protección Civil. En su base se sitúan los planes de ámbito local, provincial o insular, que se integran en los planes autonómicos; estos, denominados planes de emergencia exterior (PEE) cuando responden específicamente a este riesgo, se integran a su vez en el plan territorial de la comunidad autónoma y en el Plan Estatal; y el Plan Estatal, finalmente, se integra como anexo en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), de manera que se activa automáticamente cuando este declara alguna de las situaciones operativas previstas en él.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Esta arquitectura exige coordinación constante, y la Directriz la articula mediante la triple fase de alerta y seguimiento, emergencia y recuperación, con tres situaciones operativas dentro de la fase de emergencia (1, 2 y 3) que determinan progresivamente el nivel de dirección —desde los medios propios de la administración responsable hasta la declaración de interés nacional por el titular del Ministerio del Interior, con asunción de la dirección operativa por la Unidad Militar de Emergencias—. La obligación de notificación al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias cuando se declaren las situaciones operativas 1 y 2 constituye el engranaje que permite al nivel estatal conocer en tiempo real la evolución de emergencias que, en principio, se gestionan en el nivel autonómico, sin que ello suponga una intervención prematura en las competencias de la comunidad autónoma.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>5. Órganos del plan: dirección, asesoramiento científico-técnico, mando e intervención</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Directriz distingue con precisión los órganos de dirección (Dirección del Plan y Dirección de la Emergencia, que pueden coincidir o no en la misma persona), los órganos de coordinación y asesoramiento (entre los que destaca el Comité Asesor), el órgano de asesoramiento científico-técnico (denominado genéricamente Comité Científico-Técnico) y los órganos de mando e intervención sobre el terreno (Jefatura del Puesto de Mando Avanzado, Puesto de Mando Avanzado y grupos de acción). Esta tipología no es meramente organizativa: fija el reparto de responsabilidades jurídicas en la toma de decisiones operativas, de manera que, por ejemplo, la Jefatura del PMA puede determinar medidas urgentes de protección a la población en su sector, pero con transmisión previa a los órganos de dirección, lo que preserva la unidad de mando sin paralizar la respuesta inmediata ante el riesgo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particular interés reviste el Mando Operativo Integrado (MOPI), órgano que se constituye exclusivamente en emergencias declaradas de interés nacional para asegurar la unidad de mando entre la Administración General del Estado y los órganos de gobierno autonómicos, normalmente sobre la base de la Unidad Militar de Emergencias con integración del CECOPI. La previsión de que los grupos de acción constituidos a nivel autonómico se consideren integrados en los de nivel estatal en caso de emergencia de interés nacional, sin que ello suponga inicialmente un cambio en su asignación ni una interrupción de sus cometidos, resuelve una cuestión práctica relevante: la transición entre niveles de dirección no debe traducirse en una ruptura operativa sobre el terreno.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>6. Información a la población y medidas de protección: entre la autoprotección ciudadana y la autoridad pública</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Directriz impone a los titulares de los establecimientos afectados la obligación de informar preventivamente a la ciudadanía potencialmente expuesta sobre los riesgos y las medidas de prevención adoptadas, y de instalar y mantener a su cargo los sistemas de generación de alarma en las zonas de planificación, conforme al artículo 7 de la Ley 17/2015. Esta obligación se complementa con el deber de las administraciones competentes de integrar el sistema ES-Alert, dentro de la Red de Alerta Nacional, como mecanismo de alerta temprana, sin perjuicio del uso complementario de sirenas, megafonía, avisos telefónicos masivos y redes sociales.</p>



<p class="wp-block-paragraph">En cuanto a las medidas de protección propiamente dichas, la Directriz jerarquiza el control de accesos, el confinamiento, el alejamiento y la evacuación según su intensidad y sus efectos, advirtiendo expresamente que la evacuación puede resultar contraproducente en episodios de dispersión de gases o vapores tóxicos si se ejecuta durante el paso del penacho, dado que la población evacuada podría quedar expuesta a concentraciones mayores que si permaneciera confinada. Esta advertencia técnica tiene una proyección jurídica directa: la decisión de evacuar frente a confinar no es una opción indiferente desde el punto de vista de la diligencia exigible a la autoridad que dirige la emergencia, y deberá motivarse conforme a los datos disponibles sobre la evolución del fenómeno peligroso.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>7. El régimen de adaptación temporal: continuidad de los planes vigentes y plazo de cuatro años</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El apartado 4.8 de la Directriz, con fundamento en el artículo 4.2.k) de la Norma Básica de Protección Civil, concede un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor —fijada para el día siguiente a su publicación en el BOE, esto es, el 11 de octubre de 2026— para que los planes de protección civil afectados se adapten a su estructura y contenido. La norma no precisa, sin embargo, qué régimen rige durante ese período transitorio para los planes ya aprobados conforme a los criterios del derogado Real Decreto 1196/2003 que todavía no hayan sido revisados; no cabe, a partir del texto disponible, afirmar si dichos planes conservan automáticamente su validez plena durante los cuatro años o si deben entenderse sujetos a algún grado de actualización inmediata en aspectos críticos de seguridad. Esta es una cuestión que la práctica profesional deberá resolver, en cada caso, con el órgano autonómico competente en protección civil, sin que este comentario pueda suplir esa falta de previsión expresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conviene añadir que las actualizaciones anuales de aspectos organizativos y operativos y las revisiones quinquenales (o motivadas por circunstancias sobrevenidas) constituyen obligaciones de mantenimiento ya exigibles con independencia del plazo de adaptación estructural de cuatro años; se trata de dos regímenes temporales distintos —adaptación al nuevo contenido mínimo, de un lado, y mantenimiento ordinario de la vigencia técnica del plan, de otro— que no deben confundirse en la práctica.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>8. Valoración crítica y cuestiones abiertas</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Directriz presenta fortalezas evidentes: fija valores umbral objetivos para la zonificación, lo que reduce la discrecionalidad técnica en la delimitación de zonas; articula con detalle la cadena de mando entre los niveles local, autonómico y estatal; e integra, con razonable coherencia, obligaciones ya existentes en el Real Decreto 840/2015 dentro de la lógica de la planificación de emergencia. Sin embargo, el texto disponible no permite despejar algunas cuestiones de notable trascendencia práctica. En primer lugar, no se acredita en la fuente examinada la existencia de un régimen sancionador propio para el incumplimiento de las obligaciones de notificación, adaptación o mantenimiento que la Directriz impone, lo que remite —sin que pueda precisarse más— a la normativa sustantiva concordante. En segundo lugar, el plazo de adaptación de cuatro años, aun siendo razonable en términos de gestión administrativa, no viene acompañado en el texto de mecanismos de seguimiento o de consecuencias específicas para el caso de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, lo que podría generar una heterogeneidad territorial prolongada en la aplicación efectiva de los nuevos criterios. En tercer lugar, la remisión reiterada al PLEGEM y a la Norma Básica de Protección Civil para numerosos aspectos organizativos («según se establece en PLEGEM») exige del profesional un manejo simultáneo de varios instrumentos normativos y de planificación, lo que aconseja, como buena práctica, mantener actualizado un cuadro de concordancias normativas propio de cada expediente antes de aplicar la Directriz a un supuesto concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1. Artículo de opinión: prevención de accidentes industriales con sustancias peligrosas</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La prevención de accidentes graves en instalaciones industriales exige combinar controles de seguridad, evaluación de riesgos y una planificación eficaz de las emergencias. La Directriz Básica aprobada mediante la Orden INT/1070/2026 refuerza este planteamiento, especialmente en lo relativo a la coordinación administrativa y a la protección de la población. Como referencia normativa para desarrollar este análisis puede consultarse su texto oficial.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://www.boe.es/eli/es/o/2026/10/07/int1070/con?utm_source=chatgpt.com">https://www.boe.es/eli/es/o/2026/10/07/int1070/con</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Este enlace corresponde a la norma oficial, no a un artículo de opinión. No he podido verificar todavía un artículo de opinión concreto sobre ella.</p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Publicación divulgativa: «Riesgo químico: normativa SEVESO»</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Fuente: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La publicación explica los mecanismos de prevención y respuesta ante accidentes graves en industrias que manipulan sustancias peligrosas. Describe el funcionamiento de los planes de emergencia interior y exterior, las categorías de accidentes y los criterios de activación de los dispositivos de protección civil. Resulta especialmente útil para comprender las responsabilidades de las empresas y administraciones en la gestión de emergencias químicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://www.euskadi.eus/web01-s2segur/eu/contenidos/informacion/planes_pee/es_doc/pee.html?utm_source=chatgpt.com">https://www.euskadi.eus/web01-s2segur/eu/contenidos/informacion/planes_pee/es_doc/pee.html</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se trata de una publicación institucional, no de una entrada de blog propiamente dicha.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 233/2026, de 27 de febrero de 2026</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia analiza la aplicación de la normativa SEVESO III y del Real Decreto 840/2015 a instalaciones industriales que utilizan sustancias peligrosas. Examina la suficiencia de la evaluación ambiental, el cumplimiento de las distancias de seguridad respecto a los núcleos de población y la existencia de planes de emergencia exterior. Resulta especialmente relevante para interpretar las obligaciones preventivas de las empresas y el control administrativo de los riesgos de accidentes graves, directamente relacionados con la planificación de protección civil. </p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://vlex.es/vid/1114366393?utm_source=chatgpt.com">https://vlex.es/vid/1114366393</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/seguridad-publica-y-seguridad-vial/" target="_blank" rel=" noopener"><img decoding="async" width="339" height="56" src="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png" alt="" class="wp-image-20975" srcset="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png 339w, https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3-300x50.png 300w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px" /></a></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Protección civil de terremotos</title>
		<link>https://normativaseguridad.com/proteccion-civil-de-terremotos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAPP Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 18:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://normativaseguridad.com/?p=21437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-21145">«BOE» núm. 252, de 10 de octubre de 2026</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Análisis:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos</strong></li>



<li><strong>DIRECTRIZ BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE TERREMOTOS</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li><strong>1. Fundamentos y objeto de la Directriz Básica.</strong></li>



<li><strong>2. Directrices para la elaboración del contenido mínimo de los Planes de Protección Civil ante el Riesgo de Terremotos.</strong></li>
</ul>
</li>



<li><strong>Anexos:</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Anexo I. Definiciones.</li>



<li>Anexo II. Mapa de peligrosidad sísmica para un período de retorno de 475 años.</li>



<li>Anexo III-A. Municipios comprendidos en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional.</li>



<li>Anexo III-B. Municipios comprendidos en áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VIII según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 475 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional.</li>



<li>Anexo IV. Modelo de ficha de primera evaluación de daños en edificaciones.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>RESUMEN:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El Consejo de Ministros, en su reunión de&nbsp;6 de octubre de&nbsp;2026, ha aprobado, a propuesta del Ministro del Interior, el Acuerdo por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El citado acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».</p>



<p class="wp-block-paragraph">En su virtud, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, que se inserta como anexo a esta orden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Madrid, 7 de octubre de&nbsp;2026.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ANEXO</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Comentarios de Ayuda para la interpretación de esta Norma</strong> <strong><em>Real Orden INT/1069/2026, de 7 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong> <strong><u>CONCORDANCIAS</u></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL</u></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><u>CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN</u></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><u>RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA</u></strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>1. Concordancias normativas</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La Orden INT/1069/2026 es un instrumento meramente publicador: su único contenido dispositivo consiste en ordenar la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026, que es la norma con contenido sustantivo propio. Dicho Acuerdo se dicta en ejercicio de la habilitación del artículo 5 de la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023, de 20 de junio), que reserva al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, la aprobación de las Directrices Básicas de Planificación, concebidas en su artículo 3 como instrumentos para garantizar la homogeneidad y coherencia de la planificación cuando concurren planes de varias Administraciones Públicas. El Acuerdo trae causa, a su vez, del artículo 15.3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que califica como planes especiales los que hacen frente, entre otros, al riesgo de terremotos, y se apoya en el contenido mínimo que para las directrices básicas fijan los artículos 4.2 y 7 de la Norma Básica. La afectación más relevante en términos de derogación es expresa y puntual: el apartado Cuarto del Acuerdo dispone el cese en la producción de efectos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de abril de 1995, por el que se aprobó la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, desde la publicación del nuevo Acuerdo. No consta en el texto ninguna otra derogación expresa de disposiciones de rango distinto, ni una cláusula derogatoria genérica más allá de la referida a la directriz de 1995; tampoco se identifican en el propio documento modificaciones de preceptos de la Ley 17/2015 o del Real Decreto 524/2023, que actúan como marco de cobertura sin resultar alterados por este Acuerdo. Como marco legal de referencia que los planes derivados deben relacionar, la directriz cita expresamente: la Ley 17/2015, de 9 de julio; la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales; el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio; el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, sobre estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (NCSE-02); el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo (NCSP-07); el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) vigente; y la Orden PJC/1430/2024, de 16 de diciembre, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil (apartado 1.5). Esta relación se reitera, de forma algo más reducida, en el apartado 2.1.2 como marco legal mínimo que cada plan especial debe incorporar en su propio texto. Dado el carácter exclusivamente organizativo del Acuerdo —no introduce tipos sancionadores, ni modifica derechos u obligaciones de terceros ajenos a las Administraciones Públicas de forma directa— no cabe identificar en él disposiciones adicionales, transitorias o finales distintas de las que expresamente constan en sus apartados Primero a Quinto, consistentes en la aprobación de la directriz, la declaración de no incremento del gasto público, la habilitación al Ministro del Interior, el cese de efectos de la directriz de 1995 y la entrada en vigor.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>2. Cinco conceptos clave de la norma</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Directriz Básica de Planificación como instrumento de homogeneización interadministrativa.</strong> No es una norma de aplicación directa a particulares, sino el marco que fija los criterios mínimos que deben seguir el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales al redactar sus propios planes especiales (apartado 1.4). Su relevancia práctica para el profesional no reside en imponerle obligaciones inmediatas, sino en determinar el estándar de contenido que, una vez trasladado a cada plan especial concreto, sí será exigible y aplicable sobre el terreno. El profesional que participe en la redacción, auditoría o aplicación de un plan de protección civil debe, por tanto, verificar la correspondencia entre el plan concreto y el contenido mínimo de esta directriz, y no limitarse a la lectura aislada de la directriz como si generara derechos u obligaciones directamente ejecutables.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Áreas de peligrosidad sísmica y mapa de referencia del Instituto Geográfico Nacional.</strong> La obligación de planificar a nivel autonómico y local se activa por un criterio técnico objetivo —intensidad igual o superior a grado VI para los planes autonómicos y a grado VII para los locales, conforme al mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 475 años (apartado 1.4.1 y anexo II)—, cuya actualización queda habilitada administrativamente al titular del ministerio competente «cuando dichas actualizaciones tengan por objeto adecuar estos contenidos al progreso de la técnica» (apartado 1.4.2). El cambio relevante respecto del régimen anterior no puede afirmarse con precisión cuantitativa, porque el texto no incorpora una comparación expresa con los umbrales de la directriz de 1995; lo que sí es verificable es que el listado de municipios obligados a planificación local figura, de forma cerrada y nominal, en el anexo III-A, y su correlación con intensidades iguales o superiores a grado VIII en el anexo III-B, lo que el profesional debe consultar directamente para determinar la situación de un municipio concreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Escenarios de daños y zonificación operativa.</strong> La directriz exige construir, como mínimo, los escenarios de intensidad significativa más probable (periodo de retorno de 475 años) y de máxima intensidad esperable (periodo de retorno de 2.475 años), además del de mayor daño si no coincide con el anterior (apartado 2.2.1.5), y delimitar en cada emergencia las zonas de intervención, socorro, base y alerta. La aplicación práctica de este concepto exige al redactor del plan justificar documentalmente el método empleado para obtener cada escenario —incluida, en su caso, la aproximación empírica que la propia directriz habilita (multiplicar por 1,9 la aceleración del escenario de 475 años, o incrementar en un grado la intensidad)— y al responsable operativo, motivar la concreción de cada zona en el momento de la emergencia, por ser una decisión con incidencia directa en la legalidad de las restricciones de acceso que de ella se deriven.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Mando Operativo Integrado (MOPI) y emergencia de interés nacional.</strong> El MOPI es el órgano que, exclusivamente en emergencias declaradas de interés nacional, asegura la unidad de mando y la respuesta integral del Sistema Nacional de Protección Civil, bajo cuya dependencia operativa pasan automáticamente los Puestos de Mando Avanzados constituidos en la zona declarada (apartado 2.3.1.3.1). Su activación conlleva una alteración sustancial de la cadena de mando ordinaria de los planes autonómicos y locales, que quedan integrados —sin que ello suponga, inicialmente, cambio en su asignación orgánica— en la estructura estatal (apartado 2.3.2.5.3, último párrafo). El profesional que intervenga en la gestión de una emergencia sísmica declarada de interés nacional debe tener presente que, desde ese momento, las decisiones de mando se canalizan a través del MOPI y del Director Operativo de la Emergencia (titular de la UME), y no exclusivamente a través de la Dirección del Plan autonómico.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Adaptación de los planes de protección civil en el plazo de cuatro años.</strong> El apartado 2.8 impone, por remisión al artículo 4.2.k) de la Norma Básica de Protección Civil, la obligación de adaptar todos los planes de protección civil a la estructura y contenido de esta directriz en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor. Se trata del cambio de mayor proyección práctica inmediata para las Administraciones responsables, puesto que exige revisar, en ese plazo, tanto el contenido material de los planes vigentes (análisis de riesgo, escenarios, órganos, operatividad) como su adecuación a la nueva terminología y estructura de la directriz. El texto no identifica consecuencias expresas para el incumplimiento de este plazo, extremo que se desarrolla en el apartado 4 de este comentario.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>3. Entrada en vigor, régimen transitorio y aplicación temporal</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La entrada en vigor del Acuerdo del Consejo de Ministros —y, con él, de la Directriz Básica que aprueba— se produce, conforme a su apartado Quinto, «desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado». La publicación tuvo lugar el 10 de octubre de 2026, en el BOE núm. 252, por lo que la entrada en vigor se sitúa el 11 de octubre de 2026. Se trata de una entrada en vigor única e inmediata, sin escalonamiento por artículos o materias, y sin periodo de carencia previo. El efecto temporal más relevante que el propio texto anuda a esa fecha es el cese de efectos de la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de 1995, que deja de surtir efectos desde esa misma publicación (apartado Cuarto del Acuerdo); por tanto, no existe un periodo de solapamiento entre ambas directrices básicas, sino una sustitución inmediata en la fecha de publicación. Distinto es el régimen de los planes especiales que las Administraciones Públicas hayan aprobado bajo el marco de 1995: estos planes no quedan automáticamente derogados por el cambio de directriz básica, puesto que la directriz no opera sobre los planes mismos sino sobre el marco al que deben adaptarse, y el apartado 2.8 concede expresamente un plazo de cuatro años para dicha adaptación. En consecuencia, durante ese plazo coexisten, previsiblemente, planes redactados conforme al criterio de 1995 con la nueva directriz básica ya vigente, sin que el texto resuelva de forma expresa si esos planes anteriores conservan plena validez operativa mientras no se adaptan, se consideran vigentes en lo que no contradiga la nueva directriz, o deben entenderse en un régimen de vigencia reforzada hasta su sustitución. Esta ausencia de disposición transitoria explícita constituye una incidencia documental que debe señalarse: no cabe afirmar con la seguridad que requeriría una disposición transitoria expresa cuál es el régimen aplicable a expedientes de planificación en curso al 11 de octubre de 2026, siendo razonable —pero no normativamente impuesto por el texto— entender que dichos procedimientos pueden concluirse conforme a los criterios ya aplicados, sin perjuicio de la necesidad de ulterior adaptación dentro del plazo de cuatro años. No se identifican en el texto previsiones sobre procedimientos sancionadores, autorizaciones o subvenciones en curso, por no ser estas materias objeto de esta directriz.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>4. Criterios administrativos de interpretación</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Primera cuestión: alcance de la expresión «todos los planes de protección civil» en el apartado 2.8.</strong> El precepto dispone que «todos los planes de protección civil se adaptarán a la estructura y contenido establecido en esta directriz básica», lo que literalmente podría leerse como referido a cualquier plan de protección civil, con independencia del riesgo que contemple. Sin embargo, la ubicación de esta previsión dentro de una directriz específica sobre riesgo de terremotos, y la remisión al artículo 4.2.k) de la Norma Básica de Protección Civil —que regula con carácter general el contenido de las directrices básicas y su proceso de adaptación—, permiten sostener la interpretación más prudente de que la obligación de adaptación en este apartado se circunscribe a los planes de protección civil frente al riesgo de terremotos (estatal, autonómicos y locales), sin que el texto acredite una extensión expresa a planes frente a otros riesgos, que se regirían, en su caso, por sus propias directrices básicas. <strong>Segunda cuestión: régimen de los planes elaborados conforme a la directriz de 1995 durante el plazo de adaptación.</strong> Como se ha señalado, el texto no resuelve expresamente si estos planes mantienen plena vigencia operativa hasta su adaptación. El criterio más defendible, a falta de disposición transitoria en contrario, es el de continuidad operativa de los planes existentes hasta su sustitución formal, puesto que lo contrario generaría un vacío de planificación no querido por la norma, cuya finalidad es precisamente garantizar la cobertura continuada del riesgo; se trata, no obstante, de una interpretación razonable y no de un mandato expreso de la directriz. <strong>Tercera cuestión: alcance de la habilitación para actualizar los anexos II y III.</strong> El apartado 1.4.2 habilita al titular del ministerio competente a actualizar el mapa de peligrosidad sísmica y las listas de municipios «cuando dichas actualizaciones tengan por objeto adecuar estos contenidos al progreso de la técnica y a la publicación de nuevos mapas y datos oficiales», sin precisar el instrumento formal (orden ministerial, resolución) ni la exigencia de publicación en el BOE. A falta de esa precisión, resulta prudente entender que cualquier actualización de los anexos que amplíe o reduzca el ámbito de municipios obligados a planificar debe, como mínimo, dotarse de la misma publicidad oficial que la propia directriz, por elementales razones de seguridad jurídica, aunque el texto no lo imponga de forma literal. No se ha identificado jurisprudencia del Tribunal Supremo que se pronuncie directamente sobre la interpretación de esta directriz, por ser una disposición de muy reciente aprobación; las referencias jurisprudenciales que puedan resultar de utilidad analógica para valorar el estándar de diligencia exigible en materia de alerta temprana y protección civil se tratan en el documento de casuística jurídica correspondiente a esta norma, y no se reproducen aquí por exceder del objeto de este comentario.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>5. Guía práctica de aplicación profesional</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">El profesional —jurista, secretario municipal, técnico de protección civil o responsable de un servicio de emergencias— que deba aplicar esta directriz debe, en primer lugar, verificar si el municipio o comunidad autónoma en que opera figura en los anexos III-A o III-B, o si corresponde a una de las comunidades autónomas y provincias relacionadas en el apartado 1.4.1, puesto que de ello depende la existencia de obligación de planificación autonómica o local. En segundo lugar, debe contrastar el contenido del plan especial vigente —estatal, autonómico o local— con el esquema mínimo del apartado 1.6 y con el desarrollo del bloque 2, identificando específicamente si el plan incorpora los tres escenarios de daños exigidos (apartado 2.2.1.5), la zonificación operativa en sus cuatro categorías, los sistemas de alerta diferenciados de los sistemas de información (apartado 2.2.2.2), y las medidas de protección a bienes, animales, medio ambiente y patrimonio histórico-artístico (apartado 2.2.7). En tercer lugar, debe revisar si los centros, establecimientos o infraestructuras bajo su responsabilidad están obligados a disponer de plan de autoprotección y, en tal caso, si este incorpora medidas específicas frente al riesgo de terremoto, con especial atención a las construcciones de importancia especial conforme a la normativa sismorresistente (apartado 2.2.6.2.a). En cuarto lugar, debe documentar y conservar los estudios técnicos de peligrosidad y vulnerabilidad que sustenten los escenarios y la zonificación del plan, puesto que la directriz exige expresamente que «el plan especial recogerá los criterios utilizados para determinar el riesgo, incorporando y justificando su resultado y propuestas» (apartado 2.2.1.4). En quinto lugar, debe calendarizar internamente el plazo de cuatro años de adaptación desde el 11 de octubre de 2026, incorporando hitos intermedios de revisión que permitan acreditar diligencia en el proceso, y debe asimismo prever el procedimiento interno de actualización anual y de revisión periódica que exige el apartado 2.6.2.3. Por último, en los municipios de menos de 5.000 habitantes conviene explorar, con la diputación provincial correspondiente, la posibilidad de acogerse a un plan simplificado conforme a modelos aprobados por el Consejo Nacional de Protección Civil (apartado 2.1.1), dado que esta vía puede reducir significativamente la carga técnica y de recursos exigida para una planificación completa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><a><strong>6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia</strong></a><strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Riesgo de laguna transitoria durante el periodo de adaptación (interpretación probable, pero prudente).</strong> La ausencia de disposición transitoria expresa sobre la vigencia de los planes anteriores durante el plazo de cuatro años genera un margen de incertidumbre que, en caso de litigio derivado de una emergencia real ocurrida en ese periodo, podría ser objeto de discusión sobre si el plan aplicado satisfacía el estándar exigible. Recomendación: documentar, desde la entrada en vigor de la directriz, un cronograma interno de adaptación progresiva del plan vigente, de modo que pueda acreditarse diligencia aun antes de completar la adaptación formal. <strong>Riesgo de responsabilidad patrimonial por insuficiencia de la planificación (interpretación dudosa o de riesgo, por falta de pronunciamiento jurisprudencial específico sobre esta directriz).</strong> Aunque el texto no anuda expresamente consecuencias sancionadoras al incumplimiento de sus exigencias de contenido, la falta de adaptación de un plan, la ausencia de escenarios de daños debidamente justificados, o la indefinición de los sistemas de alerta, podrían ser invocados como indicio de funcionamiento anormal del servicio público de protección civil en un eventual procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, en los términos generales de la legislación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, sin que ello se derive de un mandato sancionador propio de esta directriz. Recomendación: conservar documentación suficiente de los estudios técnicos, actualizaciones y simulacros realizados, por constituir el soporte probatorio esencial frente a cualquier alegación de pasividad administrativa. <strong>Riesgo de confusión competencial en la activación de capacidades estatales (interpretación segura en cuanto a la regla, pero con riesgo de aplicación errónea).</strong> La prohibición de asignar medios de la UME y de las Fuerzas Armadas a las capacidades ordinarias de los planes autonómicos y locales (apartado 2.4.2.4) es clara en su enunciado, pero exige que los catálogos de capacidades de dichos planes se redacten con el cuidado de no presuponer la disponibilidad de estos medios fuera del cauce de activación de la situación operativa 2 o de la declaración de interés nacional; un catálogo mal redactado podría generar expectativas operativas no exigibles en la práctica. Recomendación: revisar expresamente los catálogos de capacidades vigentes para depurar cualquier referencia a medios estatales extraordinarios que no se sustente en el procedimiento de movilización correspondiente (apartado 2.4.2.4.1). <strong>Riesgo de insuficiente trazabilidad en la actualización de los anexos técnicos (interpretación probable, pero prudente).</strong> Dada la falta de precisión del apartado 1.4.2 sobre el instrumento formal de actualización del mapa de peligrosidad y de los listados de municipios, se recomienda que cualquier Administración que aplique estos anexos verifique, antes de cada revisión periódica del plan, cuál es la versión oficialmente vigente del mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Geográfico Nacional, dado que una actualización técnica podría no haber sido publicitada con la misma solemnidad que la directriz original.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>MAS INFORMACION</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1. Artículo de opinión: «¿Es posible un terremoto como el de Venezuela en España? Qué debemos aprender»</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Autor: Jesús Contreras. Cinco Días, 1 de julio de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">El artículo analiza la vulnerabilidad de España frente a los terremotos y advierte de la necesidad de actualizar la normativa de construcción sismorresistente. El autor destaca la importancia de reforzar las infraestructuras críticas, evaluar los edificios situados en zonas de riesgo y adoptar medidas preventivas que reduzcan las consecuencias de una emergencia sísmica. Plantea la prevención y la planificación como elementos fundamentales para proteger a la población frente a posibles catástrofes.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://cincodias.elpais.com/opinion/2026-07-01/es-posible-un-terremoto-como-el-de-venezuela-en-espana-que-debemos-aprender.html?utm_source=chatgpt.com">https://cincodias.elpais.com/opinion/2026-07-01/es-posible-un-terremoto-como-el-de-venezuela-en-espana-que-debemos-aprender.html</a></p>



<h3 class="wp-block-heading">2. Entrada de blog: «Qué hacer en caso de terremoto: la guía del IGN»</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Fuente: Malagaes, periódico digital de Málaga. 10 de septiembre de 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La publicación recoge las principales recomendaciones de autoprotección ante terremotos difundidas por el Instituto Geográfico Nacional. Explica cómo prepararse antes de un movimiento sísmico, qué medidas adoptar durante las sacudidas y cómo actuar después para evitar nuevos riesgos. Destaca la importancia de los simulacros, la identificación de zonas seguras y la información preventiva de la población como herramientas esenciales para mejorar la respuesta ante emergencias sísmicas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">URL: <a href="https://www.malagaes.com/blog/page/2/?page-img9390327=9&amp;utm_source=chatgpt.com">https://www.malagaes.com/blog/page/2/?page-img9390327=9</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">El enlace corresponde a la página del blog donde figura la entrada, no a su URL individual.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3. Sentencia del Tribunal Supremo: STS 1123/2007, de 31 de octubre de 2007</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. ECLI: ES:TS:2007:6939.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentencia aborda la responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros por daños ocasionados por fenómenos naturales extraordinarios. Aunque el litigio se refiere a inundaciones, examina el régimen jurídico de cobertura de riesgos catastróficos, que incluye expresamente los terremotos y las erupciones volcánicas. Resulta de interés para estudiar los mecanismos de reparación de daños y protección económica de los afectados por catástrofes naturales, como complemento a las actuaciones de protección civil. URL: <a href="https://vlex.es/vid/34428030?utm_source=chatgpt.com">https://vlex.es/vid/34428030</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>TEXTO ORIGINAL</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">El texto de estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://dappeditorial.es/seguridad-publica-y-seguridad-vial/" target="_blank" rel=" noopener"><img decoding="async" width="339" height="56" src="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png" alt="" class="wp-image-20975" srcset="https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3.png 339w, https://normativaseguridad.com/wp-content/uploads/2026/02/image-3-300x50.png 300w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px" /></a></figure>
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