Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta. «BOE» núm. 209, de 26 de agosto de 2026

(Última modificación por Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta)

Concordancias:

MODIFICA:
ANEXO I Capacidades y recursos de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal
ANEXO II: Capacidades y recursos de la ciudad de Ceuta

Análisis:

• Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional
• Definición de la crisis
• Ámbito territorial
• Duración.
• Autoridad Funcional
• Competencias de la Autoridad Funcional
• Mecanismos de coordinación y gestión de crisis
• Contribución de recursos
• Obligación de colaboración
• ANEXO I: Capacidades y recursos de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal
• ANEXO II: Capacidades y recursos de la ciudad de Ceuta

RESUMEN:

La entrada irregular de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio provocó una presión extraordinaria sobre el control fronterizo, la identificación, la atención humanitaria y los servicios públicos de la ciudad. Aunque las medidas iniciales del Gobierno permitieron reducir la presión y mantener el orden público, la crisis evolucionó hacia una fase más compleja, caracterizada por la necesidad de garantizar de forma sostenida el funcionamiento de los servicios públicos y coordinar actuaciones en ámbitos muy diversos.

Ante esta situación, el Gobierno consideró que concurrían los requisitos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, para declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional. La razón principal fue la gravedad, duración y transversalidad de la crisis, que afectaba simultáneamente a materias como seguridad pública, fronteras, extranjería, atención humanitaria, sanidad, servicios sociales, protección de menores, transportes, defensa, acción exterior y cooperación con la Unión Europea.

La declaración tiene como finalidad reforzar la coordinación entre las autoridades estatales y ceutíes, garantizar capacidades suficientes para la atención humanitaria, el control fronterizo, los traslados y la gestión administrativa, y favorecer la recuperación económica y social de la ciudad. Su duración se fija inicialmente hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga o finalización anticipada según la evolución de la situación.

La Autoridad Funcional corresponde al titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado de dirigir y coordinar las actuaciones, mientras que los distintos ministerios aportan los medios humanos y materiales necesarios. La declaración no supone la suspensión de derechos fundamentales ni permite aplicar medidas propias de los estados de alarma, excepción o sitio, sino que se desarrolla mediante los poderes ordinarios de las Administraciones públicas, respetando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, coordinación, continuidad de los servicios esenciales y distribución constitucional de competencias.

Comentarios de Ayuda para la interpretación de esta Norma Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta.

         CONCORDANCIAS

CINCO CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES QUE TOCA LA NORMA

ENTRADA EN VIGOR, RÉGIMEN TRANSITORIO Y APLICACIÓN TEMPORAL

CRITERIOS ADMINISTRATIVOS DE INTERPRETACIÓN

GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN PROFESIONAL

RIESGOS JURÍDICOS, PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES DE PRUDENCIA

1. Concordancias y encuadramiento normativo

El Real Decreto 681/2026 desarrolla los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. La situación declarada responde a la permanencia temporal de un elevado número de personas migrantes tras la afluencia masiva de 30 de julio de 2026 y a la superación de las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana en Ceuta. El instrumento elegido no configura un estado constitucional de excepción, sino un régimen administrativo extraordinario de coordinación que se ejecuta mediante potestades ordinarias.

La concordancia central se encuentra en el artículo 23.2 de la Ley 36/2015, que vincula la declaración a la gravedad de los efectos y a la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas necesarias. El apartado 3 del mismo artículo fija el límite estructural: la crisis se afronta con los poderes y medios ordinarios de las Administraciones y sin suspensión de derechos fundamentales o libertades públicas. El artículo 24 determina el contenido mínimo del real decreto, impone la aportación de medios dependientes de las autoridades competentes y exige información inmediata al Congreso.

La STC 184/2016, de 3 de noviembre, proporciona el criterio constitucional decisivo. Su fundamento jurídico 7 declara que la situación de interés para la Seguridad Nacional no altera el esquema competencial; que cada Administración sigue ejerciendo sus atribuciones ordinarias; y que la aportación obligatoria se refiere a los recursos precisos para el ejercicio de las competencias de la Administración que los aporta. La coordinación admite dirección funcional, homogeneidad técnica y acción conjunta, pero no convierte al coordinador en titular universal de las potestades sectoriales.

En el plano organizativo, los artículos 25 y 26 de la Ley 36/2015 y la Orden PRA/32/2018, de 22 de enero, encuadran al Consejo de Seguridad Nacional y al Comité Especializado de Situación. El Real Decreto 681/2026 concreta ese esquema mediante la Autoridad Funcional, el Comité de Situación, la Célula de Coordinación y el Departamento de Seguridad Nacional. El Comité asiste, propone directrices y organiza la contribución de recursos; sus funciones no sustituyen los actos que corresponden a los órganos competentes.

El Real Decreto 706/2026 modificó los anexos I y II tras revisar la disponibilidad e idoneidad de determinados espacios. La reforma confirma el carácter operativo, revisable y no automático de la relación de recursos: los anexos delimitan capacidades susceptibles de empleo, mientras que la afectación concreta exige una decisión conectada con los principios del artículo 8.1. Para la aplicación diaria se utiliza, por tanto, el Real Decreto 681/2026 con sus anexos vigentes tras la modificación de 1 de septiembre.

Normativa sectorial concurrente

La norma actúa sobre materias sujetas a regímenes propios. En seguridad ciudadana y actuación policial se integra con la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. En extranjería, retorno y protección internacional se aplica junto con la Ley Orgánica 4/2000, su normativa de desarrollo, la Ley 12/2009 y el Derecho de la Unión Europea. En menores rigen la Ley Orgánica 1/1996 y el sistema de protección correspondiente; en protección civil, sanidad, patrimonio, contratación, transporte, puertos, defensa y servicios sociales operan las respectivas normas sectoriales.

La concordancia no es meramente informativa. Determina quién resuelve, qué procedimiento se tramita, qué informes se incorporan, cómo se motiva la medida y qué recursos proceden. El Real Decreto aporta el marco de coordinación; la norma sectorial aporta la potestad material. Esta distribución permite integrar una respuesta transversal sin degradar la legalidad administrativa ni las garantías individuales.

2. Cinco conceptos jurídicos esenciales

2.1. Situación de interés para la Seguridad Nacional

Es una modalidad de gestión de crisis fundada en la gravedad, urgencia, dimensión y transversalidad de la respuesta. Su rasgo distintivo es la coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno, no la sustitución de las autoridades ordinarias. La declaración delimita la crisis, el territorio, la duración, la autoridad funcional y los recursos necesarios. En Ceuta comprende la ciudad, su frontera terrestre, puestos fronterizos, costas, puertos y aguas adyacentes sobre las que España ejerce soberanía, jurisdicción o competencias.

2.2. Autoridad Funcional

El titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsa y gestiona coordinadamente las actuaciones. Puede dirigir el uso de los recursos previstos, fijar prioridades, establecer objetivos comunes e integrar las dimensiones humanitaria, asistencial, fronteriza, policial, administrativa y exterior. El artículo 6.2 incorpora el contrapeso: sus directrices no alteran la titularidad competencial, las relaciones orgánicas ni las cadenas de mando. La directriz funcional orienta la actuación; el acto con efectos jurídicos lo dicta el órgano sectorialmente competente.

2.3. Coordinación reforzada

La coordinación reforzada ordena la información recíproca, armoniza criterios técnicos, evita duplicidades y permite integrar decisiones parciales en una respuesta común. El Consejo de Seguridad Nacional ejerce la dirección y coordinación general; el Comité de Situación presta asistencia político-estratégica; la Célula de Coordinación mantiene el enlace permanente; y los órganos de apoyo en zona facilitan la ejecución territorial. Esta arquitectura exige distinguir con precisión dirección estratégica, coordinación funcional, competencia decisoria y ejecución material.

2.4. Contribución funcional de recursos

Los recursos estatales y ceutíes incluidos en los anexos quedan dentro del perímetro potencial de respuesta. Su puesta a disposición es funcional: no cambia la titularidad del bien, la dependencia orgánica del personal ni el mando legal. La utilización se rige por necesidad, idoneidad, contribución gradual, proporcionalidad, eficiencia, temporalidad e indemnidad. La inclusión en un anexo no equivale a ocupación automática; la decisión concreta identifica el recurso, finalidad, responsable, duración, condiciones de uso y restitución.

2.5. Continuidad de los servicios y protección de las personas

El objetivo operativo no se agota en el control fronterizo. Comprende la continuidad de servicios sociales, protección de menores, sanidad, seguridad, transporte, abastecimiento, saneamiento, gestión administrativa y atención humanitaria. La protección de la vida y la dignidad, la atención diferenciada a personas vulnerables y el respeto de los derechos fundamentales funcionan como criterios de decisión. Toda actuación individualizada en extranjería, asilo, identificación, traslado o protección de menores mantiene su régimen sustantivo y procedimental.

3. Entrada en vigor, duración y aplicación temporal

El Real Decreto 681/2026 produjo efectos el 26 de agosto de 2026, el mismo día de su publicación. La declaración se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Antes de esa fecha, el Presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, puede acordar la prórroga, modificar el alcance material o geográfico o disponer la finalización anticipada. Estas decisiones afectan a elementos esenciales de la declaración y requieren el instrumento y el trámite previstos en el artículo 4.

La modificación operada por el Real Decreto 706/2026 produce efectos desde su publicación y actualiza los anexos para las actuaciones posteriores. Los recursos retirados dejan de formar parte del listado específico desde la eficacia de la reforma; los incorporados pueden destinarse a la crisis mediante la correspondiente decisión funcional y sectorial. Las utilizaciones ya iniciadas conservan los efectos válidamente producidos, sin perjuicio de su adaptación inmediata cuando la nueva relación de recursos cambie el fundamento o la idoneidad de su mantenimiento.

La norma carece de un régimen transitorio específico para expedientes iniciados con anterioridad. De ello no resulta una retroacción general. Los actos y trámites consumados se rigen por la normativa aplicable cuando se produjeron; los expedientes abiertos continúan conforme a su régimen sectorial; y las actuaciones realizadas desde el 26 de agosto quedan integradas en el sistema reforzado de coordinación cuando presentan conexión material con la crisis. El real decreto no reinicia procedimientos ni transforma por sí solo su naturaleza jurídica.

La temporalidad también opera respecto de cada recurso y medida. La vigencia global hasta el 31 de diciembre no legitima mantener durante todo el periodo cualquier afectación concreta. La necesidad se revisa según la evolución de la crisis, la capacidad de los servicios ordinarios y la existencia de alternativas menos gravosas. Al desaparecer la causa que justificó la aportación, procede la desafectación, restitución o retorno al uso ordinario, con constancia documental de la fecha y del estado del recurso.

Desde el punto de vista profesional, la secuencia temporal relevante distingue cuatro hitos: fecha del hecho o necesidad; fecha de la directriz de coordinación; fecha del acto sectorial que autoriza o dispone la medida; y periodo efectivo de ejecución. Esta cronología permite resolver la norma aplicable, acreditar la competencia y controlar la duración. Las medidas sancionadoras, restrictivas o desfavorables conservan, además, las garantías generales frente a la retroactividad.

4. Criterios administrativos de interpretación

4.1. Coordinación no equivale a transferencia de competencia

Las expresiones «dirigir», «determinar prioridades» o «cuantas actuaciones sean precisas» se interpretan dentro del artículo 6 en su conjunto y de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015. La Autoridad Funcional fija objetivos comunes y ordena la contribución coordinada, mientras cada Administración conserva la potestad material que le atribuye el ordenamiento. Una directriz sobre alojamiento, traslado, seguridad o uso de una instalación requiere su traducción al instrumento jurídico propio: resolución, orden, autorización, contrato, acuerdo patrimonial o actuación policial documentada.

4.2. La normativa sectorial conserva plena operatividad

El artículo 8.4 dispone expresamente que los recursos se rigen por su normativa sectorial. El mismo criterio se proyecta sobre las actuaciones con efectos frente a terceros. La coordinación de retornos no crea un procedimiento de expulsión o devolución; la coordinación sanitaria no desplaza las competencias sanitarias; la coordinación de infraestructuras no sustituye las reglas patrimoniales, urbanísticas, técnicas o de seguridad; y la preservación del orden público no amplía las potestades policiales previstas legalmente.

4.3. Los anexos delimitan disponibilidad potencial

La fórmula «utilización, en su caso» empleada en los anexos y la remisión al artículo 8.1 impiden considerar automáticamente movilizado todo recurso enumerado. La decisión de empleo parte de una necesidad concreta, compara la idoneidad de las alternativas y fija una duración. El Real Decreto 706/2026 refuerza este entendimiento al sustituir espacios después de una evaluación de disponibilidad e idoneidad. Los anexos cumplen una función de identificación y planificación, no de expropiación ni de afectación indefinida.

4.4. El ámbito territorial admite apoyos externos sin ampliación tácita

El artículo 3 circunscribe formalmente la situación a Ceuta y espacios vinculados, mientras el artículo 6.1.e) permite coordinar apoyos logísticos en instalaciones situadas en otros puntos del territorio nacional. Las actuaciones externas tienen carácter auxiliar y conservan el régimen competencial y territorial del lugar donde se ejecutan. Una verdadera ampliación del ámbito geográfico exige la decisión formal prevista en el artículo 4.2.

4.5. Las decisiones relevantes exigen trazabilidad

La excepcional intensidad organizativa de la respuesta incrementa la necesidad de documentar, no la reduce. Directrices, actas, informes de necesidad e idoneidad, resoluciones sectoriales, órdenes de servicio, comunicaciones interadministrativas, costes, incidencias y fechas de utilización forman una cadena de trazabilidad. La motivación relaciona la medida con la crisis, identifica la competencia y explica necesidad, proporcionalidad y duración. Esa documentación facilita el control interno, presupuestario, parlamentario y jurisdiccional.

5. Guía práctica de aplicación profesional

La aplicación profesional puede organizarse mediante una secuencia común para responsables administrativos, asesores jurídicos, mandos policiales, personal de emergencias, técnicos de infraestructuras, gestores patrimoniales, servicios sociales, responsables sanitarios, contratación e intervención. El método evita que una directriz de coordinación se confunda con la habilitación jurídica de la actuación.

1. Definir la actuación y su conexión con la crisis. Precisar el problema que se pretende resolver, las personas o servicios afectados y el resultado operativo esperado. La referencia genérica a la Seguridad Nacional no sustituye la identificación de la necesidad concreta.
2. Identificar Administración, órgano y cadena de decisión. Diferenciar la autoridad que coordina, el órgano competente para resolver, el mando que ordena la ejecución y la unidad que la materializa. La dependencia orgánica permanece inalterada.
3. Localizar la habilitación sectorial. Citar la norma que permite actuar en materia policial, migratoria, sanitaria, social, patrimonial, contractual, portuaria, de protección civil o de menores. El Real Decreto se incorpora como fundamento de coordinación.
4. Examinar la directriz y los mecanismos de enlace. Incorporar la instrucción, acuerdo, acta o comunicación formal procedente de la Autoridad Funcional, el Comité, la Célula o el órgano de apoyo, e identificar su alcance exacto.
5. Evaluar recursos y alternativas. Acreditar disponibilidad, capacidad, seguridad e idoneidad; valorar el impacto sobre el servicio ordinario; seleccionar la opción proporcionada; y fijar duración y condiciones de restitución.
6. Formalizar la decisión. Utilizar resolución, orden, autorización, contrato, convenio, acto patrimonial, instrucción de servicio o instrumento sectorial equivalente. La forma elegida responde a los efectos jurídicos reales de la actuación.
7. Ejecutar con garantías y documentar incidencias. Registrar responsables, fechas, medios empleados, personas atendidas cuando proceda, incidencias, costes, daños y resultados, con observancia de protección de datos y de las garantías aplicables.
8. Revisar necesidad y cerrar la actuación. Reevaluar periódicamente la medida, acordar su modificación o cese cuando cambien las circunstancias y dejar constancia de la restitución del recurso y del retorno al funcionamiento ordinario.

Contenido mínimo del expediente

• Identificación de la crisis y conexión funcional de la medida.
• Competencia del órgano y norma sectorial habilitante.
• Directriz o acuerdo de coordinación aplicable.
• Informe de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y duración cuando se movilicen recursos.
• Informes técnicos, jurídicos, económicos o sectoriales exigidos por la naturaleza de la actuación.
• Resolución, orden, contrato, autorización o instrumento formal correspondiente.
• Registro de ejecución, incidencias, costes, revisión y finalización.

Aplicación por perfiles

Los responsables policiales mantienen las reglas de actuación, identificación, uso de la fuerza, documentación y control propias de su legislación. Los servicios de extranjería y protección internacional tramitan individualmente las decisiones y atienden a minoría de edad, vulnerabilidad, asilo y tutela judicial. Los servicios sociales, sanitarios y de menores coordinan capacidades sin diluir sus estándares asistenciales. Los técnicos de infraestructuras acreditan capacidad, seguridad, habitabilidad, accesibilidad y compatibilidad del uso. Contratación, patrimonio e intervención encauzan gastos, disponibilidad de bienes, indemnidad y control financiero mediante los instrumentos ordinarios compatibles con la urgencia legalmente prevista.

6. Riesgos jurídicos, puntos críticos y recomendaciones de prudencia

El principal riesgo del Real Decreto 681/2026 reside en una lectura expansiva de la coordinación reforzada. La intensidad política y operativa de la crisis puede inducir a tratar directrices funcionales como títulos autónomos de potestad, a presumir movilizados todos los recursos o a reducir trámites sectoriales. La doctrina constitucional conduce al criterio contrario: cuanto mayor sea la incidencia sobre competencias, derechos, bienes o servicios, más precisa ha de ser la habilitación, la motivación y la trazabilidad.

6.1. Interpretación segura

Límite competencial. La Autoridad Funcional coordina y prioriza, pero no recibe todas las competencias materiales. Un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente queda expuesto a invalidez e impugnación. La actuación profesional separa directriz, resolución y ejecución, con apoyo en los artículos 6.2 y 8.1 del Real Decreto, los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015 y la STC 184/2016.

Derechos fundamentales. La declaración no suspende derechos ni habilita medidas propias de los estados de alarma, excepción o sitio. Las restricciones individualizadas requieren base legal, competencia, procedimiento, proporcionalidad y tutela efectiva. Extranjería, identificación, traslados, menores y personas vulnerables demandan motivación individualizada y aplicación de sus garantías específicas.

Dependencia y titularidad. La puesta a disposición de recursos es funcional. No transfiere la propiedad, la dependencia orgánica ni la cadena de mando. Las órdenes de uso identifican titular, coordinador, mando operativo, finalidad, duración, costes y restitución.

6.2. Interpretación probable, con criterio prudente

Recursos de los anexos. La inclusión determina disponibilidad potencial, no utilización automática. La decisión concreta se apoya en necesidad, idoneidad, proporcionalidad, eficiencia y temporalidad. La ausencia de motivación aumenta el riesgo de recurso, reclamación patrimonial y reparo financiero.

Apoyos fuera de Ceuta. Pueden coordinarse actuaciones logísticas externas sin ampliar por ello el ámbito formal de la declaración. El expediente explica la conexión funcional, la competencia territorial y el carácter auxiliar. La modificación material o geográfica se reserva al procedimiento del artículo 4.

Expedientes anteriores. Mantienen su régimen sectorial y los efectos de los trámites consumados. Las actuaciones posteriores se integran en la coordinación reforzada cuando se relacionan con la crisis. Una retroacción desfavorable sin base legal expone la decisión a impugnación.

Obligación de colaboración. La aportación se circunscribe a recursos dependientes de la Administración requerida y precisos para el ejercicio de sus competencias, conforme a la interpretación constitucional del artículo 24.2. Un requerimiento amplio identifica medios, competencia, finalidad, plazo e impacto sobre servicios ordinarios.

6.3. Interpretación dudosa o de alto riesgo

Retornos y medidas migratorias. El artículo 6.1.h) no constituye una habilitación autónoma para devolución, expulsión o traslado coercitivo. Su empleo aislado omite competencia, procedimiento, protección internacional, minoría de edad y vulnerabilidad, con riesgo elevado de invalidez, recurso y responsabilidad. La decisión individual se funda en la legislación de extranjería, asilo y Derecho de la Unión.

Cláusulas abiertas. La referencia a «cuantas actuaciones sean precisas» y a otras funciones del ordenamiento es una remisión, no una potestad universal. Toda medida material cita el precepto externo que la habilita. La cláusula general de coordinación nunca sustituye la reserva de ley ni el procedimiento exigible.

Modificación por decisión operativa. Una instrucción o acuerdo interno no puede alterar duración, territorio, recursos formalmente enumerados u otros elementos esenciales del real decreto. La modificación de los anexos mediante el Real Decreto 706/2026 muestra el cauce normativo seguido cuando la revisión operativa produce un cambio material del texto.

Movilización inmotivada o indefinida. La utilización de instalaciones, personal o servicios sin acreditar necesidad, alternativas, idoneidad y plazo queda expuesta a anulación, reclamaciones por daños y control financiero adverso. La motivación se intensifica cuando existe coste elevado, afectación del servicio ordinario, transformación física del bien o incidencia sobre derechos.

6.4. Trámites e informes determinantes

Son esenciales la identificación de la competencia; la aplicación del procedimiento sectorial; la motivación de las medidas que afecten derechos, bienes o servicios; el informe previo del Consejo de Seguridad Nacional para prórroga, modificación del alcance o finalización anticipada; la formalización de directrices y decisiones de aportación; y el deber de información inmediata al Congreso. La omisión de un trámite esencial puede incidir en la validez del acto y debilitar su defensa en vía administrativa o jurisdiccional.

El informe jurídico adquiere especial relevancia ante dudas competenciales, medidas migratorias complejas, afectación de derechos, conflictos interadministrativos, retroactividad o modificación material del decreto. El informe técnico fundamenta capacidad, seguridad e idoneidad de inmuebles, transportes, centros, sistemas sanitarios y recursos de emergencia. El informe económico o presupuestario ordena gastos extraordinarios, contratación, indemnidad y reposición. El informe sectorial integra los estándares propios de sanidad, menores, protección civil, patrimonio, urbanismo, puertos o seguridad. En síntesis, competencia, habilitación sectorial, proporcionalidad, formalización, documentación y revisión constituyen la secuencia mínima para sostener cada actuación.

MAS INFORMACION

El artículo “La crisis de Ceuta, bajo la lupa de Pablo Simón”, publicado por Cadena SER el 31 de agosto de 2026, analiza la crisis ceutí como un problema que desborda la mera cuestión migratoria y combina seguridad fronteriza, relaciones con Marruecos, capacidad institucional y gestión política. El análisis sostiene una visión crítica sobre la respuesta pública y destaca la importancia de una coordinación rápida y eficaz entre las distintas Administraciones y servicios implicados, por lo que resulta útil como apoyo doctrinal y editorial para valorar la necesidad de la respuesta reforzada articulada posteriormente mediante el Real Decreto 681/2026. URL: https://cadenaser.com/rioja/2026/08/31/la-crisis-de-ceuta-bajo-la-lupa-de-pablo-simon-radio-rioja/

La entrada del blog “Esto no es una crisis migratoria”, publicada en Línea Roja el 30 de julio de 2026, analiza la situación de Ceuta desde una perspectiva crítica y sostiene que la llegada masiva de migrantes no puede entenderse únicamente como un fenómeno migratorio. El texto pone el foco en el colapso de las capacidades locales, la presión sobre la Guardia Civil y los servicios públicos y, especialmente, en la dimensión política, territorial y de seguridad del episodio, planteando por qué Ceuta soportó una presión extraordinaria mientras Melilla permanecía en una situación diferente. Resulta útil para contextualizar el origen de la crisis que posteriormente llevó a la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional mediante el Real Decreto 681/2026. URL: https://linearojaredline.blogspot.com/2026/07/

La STS 86/2024, de 22 de enero de 2024, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, analiza directamente las consecuencias jurídicas de una anterior crisis migratoria en Ceuta: la entrada masiva de unas 12.000 personas en mayo de 2021, entre ellas alrededor de 1.500 menores. El Tribunal Supremo confirmó que el retorno a Marruecos de menores extranjeros no acompañados no podía realizarse de forma colectiva al margen del procedimiento legal, sino que exigía expedientes individualizados y el respeto de las garantías previstas en la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo. La sentencia resulta especialmente útil para el análisis de la actual crisis de Ceuta porque recuerda que situaciones extraordinarias de presión migratoria y seguridad no eliminan las garantías jurídicas aplicables a las actuaciones administrativas, un criterio coherente con el propio Real Decreto 681/2026, que mantiene la actuación dentro de los poderes ordinarios y sin suspensión de derechos fundamentales. URL: https://vlex.es/vid/979340737

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